Consciente de que la ley contra la violencia doméstica no está consiguiendo frenar los asesinatos, el Consejo de Ministros aprobó ayer un paquete de medidas urgentes para combatir a corto plazo una lacra que en lo que va de año ha causado la muerte de 64 mujeres, cuatro más que en todo el 2005. El catálogo de iniciativas --en el que destaca la creación de nuevos juzgados y el aumento de policías que protegen a maltratadas-- tiene un presupuesto de 33 millones de euros. El Gobierno destinará otros 15 millones a un plan de sensibilización, algo que ya estaba previsto en la ley contra la violencia de género o sexista.

El Gobierno ha reconocido en varias ocasiones que la ley --aprobada en diciembre del 2003-- tiene "fallos". Para enmendar algunas de sus lagunas, el Ejecutivo ha aprobado un ambicioso "plan de choque" cuyo plato fuerte es el judicial. El año que viene entrarán en funcionamiento 42 nuevos juzgados especializados en casos de violencia contra la mujer. Estos tribunales se sumarán a los 21 actuales, que están "colapsados" prácticamente desde que nacieron, el pasado julio.

FISCALES ESPECIALIZADOS Dentro del apartado judicial --que costará 11 millones de euros-- el plan incorpora la creación de 42 nuevos fiscales especializados, así como la extensión del turno de oficio las 24 horas.

El Ejecutivo también ha decidido destinar 222 miembros más de la policía y la Guardia Civil a proteger a maltratadas, algo que supondrá una inversión de siete millones de euros. Actualmente, hay 1.392 agentes que se dedican a estas labores. Los sindicatos policiales siempre han criticado que el número no es suficiente para cubrir la alta demanda. Además, los agentes --que suelen ser de segunda actividad, es decir jubilados anticipados-- tienen una capacidad de actuación muy limitada. A partir de ahora, añade el plan, habrá una base de datos común para la policía y la Guardia Civil, así como unidades de violencia sexista en las subdelegaciones de Gobierno.

Las víctimas tendrán un número de teléfono al que podrán llamar de forma gratuita. Además, el servicio de teleasistencia se extenderá a las maltratadas cuyos agresores tengan una orden de alejamiento y no solo a las que gozan de una orden de protección judicial. Este servicio, del que ya se benefician 5.400 víctimas, consiste en facilitar un teléfono a las mujeres para que llamen cuando se vean en situaciones de peligro y puedan recibir consejo sobre qué hacer.

El plan hace referencia a la necesidad de incorporar protocolos sanitarios y policiales para atender a las víctimas, algo previsto en la ley.

Por último, el Gobierno también potenciará los programas para maltratadores, también recogidos en la norma. Estas terapias irán dirigidas tanto a los que cumplen penas de cárcel como a aquellos que no llegan a entrar en prisión.