El primer aniversario de la ley del tabaco traerá consigo una nueva polémica al entrar en vigor su última medida: a partir del 1 de enero, las máquinas expendedoras de cigarros de bares y restaurantes deberán incorporar un sistema de seguridad que impida comprar un paquete sin la supervisión del camarero, lo que evitará el acceso a los niños. Según fuentes del sector hostelero y de los fabricantes de las máquinas, no obstante, apenas la mitad de los 280.000 establecimientos han incorporado el mecanismo.
Solo las discotecas y los pubs, donde los menores de 18 años tienen prohibida la entrada, se salvarán de instalar el dispositivo electrónico, que funciona de forma parecida al mando a distancia que se utiliza para abrir la puerta de un párking. Será el hostelero quien, tras comprobar la edad del cliente, deberá apretar un botón para que la máquina permita introducir las monedas y sacar una cajetilla.
200 EUROS CADA DISPOSITIVO Fuentes del Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo dependiente del Ministerio de Economía y encargado de cursar las licencias de instalación de las máquinas, recuerdan que los dueños han tenido todo un año para comprar un aparato nuevo, que ya lleva incorporado el dispositivo, o adaptar los viejos. Para esto último, han de adquirir un kit de cambio de memoria, valorado en 200 euros.
Iñaki González, jefe de producto de Azkoyen, que fabrica alrededor de la mitad de las máquinas que funcionan en España, explica que "la norma afecta a unas 100.000 expendedoras, y la mitad ya llevan el dispositivo o se ha solicitado la actualización". Las peticiones de bares y restaurantes, añade, "se empezaron a multiplicar hace unas seis semanas". Salvador Font, responsable de ventas de la empresa Jofemar, otra de las grandes fabricantes, también asegura que los locales lo han dejado todo para última hora, lo que les está obligando a trabajar horas extras, sábados y domingos incluidos. Aun así, estima que más del 40% de sus clientes todavía no están adaptados y corren el riesgo de tener que apagar las máquinas a partir del día 1 si no quieren ser multados.
MULTAS ELEVADAS Las máquinas que no se adapten a ley, según el Ministerio de Economía, pasarán a la ilegalidad. Esto supone que los dueños podrían tener que hacer frente a una sanción que va de los 601 a los 100.000 euros.
Cabe recordar que algunos de estos aparatos expendedores no son propiedad del bar o restaurante, sino que es el fabricante quien se los cede a cambio de una comisión. En caso de haber multa, quien debería pagarla es el propietario del establecimiento, ya que es él quien debe velar por que se cumplan los preceptos legales en el interior del local.
Según la Federación Nacional de Hosteleros, este colectivo solamente es dueño de un tercio de las máquinas existentes. "Las máquinas se mantienen básicamente por ofrecer un servicio al cliente. Los dueños de algunos locales pequeños están pensado en retirarlas", comenta José Luis Guerra, presidente adjunto de dicha federación.
"Esto no es rentable. Solo se ganan 15 céntimos por cajetilla vendida. Si encima tenemos que hacer de policía y con tanto mando y más lío, casi no merece la pena, es mejor que se la lleven", asegura por su parte José María Díaz, dueño del restaurante Aolmar de Madrid.
LEY MÁS DURA Otros restauradores de Barcelona opinan lo mismo, y muchos de ellos todavía no han adaptado las máquinas expendedoras de tabaco, entre los que se encuentran algunos que temen un endurecimiento futuro de la ley del tabaco que acabe prohibiendo la venta de cigarros en bares y restaurantes, lo que haría totalmente innecesario adquirir un mecanismo que cuesta 200 euros para poder sacarle rendimiento durante un espacio de tiempo muy breve.
En este sentido, el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha manifestado más de una vez su intención de adoptar una actitud "mucho más contundente" contra el elevado consumo de cigarrillos que todavía hay en nuestro país.
DEJADEZ Y FALTA DE CELO Pese a las quejas del sector, para el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), organización integrada por 42 sociedades científicas y asociaciones sanitarias, los hosteleros no tienen ninguna excusa para no haber adaptado las máquinas. "Han tenido todo un año para algo tan sencillo. A la dejadez y desprecio a la ley por parte de la hostelería se une la falta de celo inspector por parte de los responsables. Se junta el hambre con las ganas de comer", denuncia su presidente, Rodrigo Córdoba.
El Gobierno, por su parte, insiste en que la medida tiene como principal objetivo obstaculizar al máximo la compra de tabaco por parte de menores. Precisamente, la ley antinicotina considera como la infracción más grave de todas las existentes la venta de cigarros a niños: de ahí su elevada sanción económica.
