La organización Human Rights Watch (HRW) acusó hoy a Marruecos de violar los derechos humanos en el Sahara Occidental, el mismo día en el que este país expresó su "no rechazo" al nombramiento del diplomático Christopher Ross como nuevo enviado especial de la ONU para ese territorio.
El informe presentado en Rabat por HRW afirma que "las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a manifestantes y presuntos activistas saharauis, a los que golpean, torturan y obligan a firmar confesiones policiales incriminatorias".
Asimismo, denuncia que las leyes que penalizan los ataques contra la "integridad territorial" marroquí se utilizan en la práctica para "silenciar a la población" y constituyen una violación de los derechos a la libertad de expresión.
"Esa legislación es contraria a los compromisos internacionales adquiridos por Marruecos", afirmó la directora para Oriente Medio y Norte de África de HRW, Sarah Leah Whitson, en una conferencia que no estuvo exenta de momentos de tensión protagonizados por periodistas y activistas marroquíes.
El estudio lamenta, además, que a pesar de las mejoras experimentadas en los últimos años en el Sahara Occidental, las autoridades marroquíes reprimen también "habitualmente" el derecho a la libertad de asamblea y asociación de quienes defienden la autodeterminación del pueblo saharaui y sus derechos humanos.
El informe, de 216 paginas y titulado "La situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y los campamentos de refugiados de Tinduf", también dedica su atención a los abusos del independentista Frente Polisario en Argelia.
HRW reconoce "que los refugiados siguen expuestos a violaciones de sus derechos debido a la situación remota y al limbo legal de los campamentos", y pidió al Polisario que "rinda cuentas por el trato que da a las personas bajo su administración".
Asimismo, advierte de que los independentistas marginan a quienes se oponen a su autoridad y de que aunque "prácticamente no hay indicios de que se restrinja de manera formal o real la salida de los refugiados", deben tomarse "medidas pro activas" para que la población sea consciente de su derecho a abandonar los campos.
HRW pide también a Argelia que se haga responsable del respeto a los derechos humanos en la zona, porque aunque "ha cedido el control de los campamentos, como Estado que acoge a esos refugiados tiene también la obligación de proteger a los que están en estos (campamentos)".
Tras el examen de la situación en ambos territorios, el director ejecutivo de investigación en la zona y otro de los autores del estudio, Eric Goldstein, consideró hoy que HRW "no está para comparar la actuación de unos y otros ni para poner nota, sino para ver lo que queda por hacer".
Hoy mismo, Marruecos expresó su "no rechazó" al nombramiento del diplomático estadounidense Christopher Ross como el nuevo enviado especial de la ONU para el Sahara Occidental, alegando que lo que le interesa al país no es quien será el enviado especial, sino cual será su misión.
Ross, cuya designación fue aceptada por el Polisario el pasado octubre, debería sustituir al diplomático holandés Peter Van Walsum, cuyo mandato concluyó el pasado 21 de agosto y no ha sido renovado por el secretario general de la ONU.
En referencia a la organización internacional, HRW señaló que su Consejo de Seguridad debe garantizar que la presencia de Naciones Unidas en el Sahara Occidental incluya la verificación regular de la situación de los derechos humanos, algo que no ha sido aceptado por Marruecos.
"Se trata de un atentado contra la soberanía marroquí, porque es un asunto interno y la protección de esos derechos es una responsabilidad nacional", dijeron el ministro marroquí de Exteriores, Taib Fasi Fihri, y el de Interior, Chakib Benmusa, en declaraciones publicadas hoy por el diario "Al Itihad al Ishtiraki".
El informe ha sido calificado además de partidista por asociaciones como la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH), cuya presidenta, Amina Buayach, dijo hoy a EFE que es "poco equilibrado porque los militantes con los que se ha hablado sólo son del Polisario".
La acusación de parcialidad fue negada por la ONG, que alegó haber hablado con todas las partes implicadas, y que en su estudio no se posiciona sobre la disputa política sobre la ex colonia española, que se remonta a 1975, cuando Marruecos se anexionó ese territorio.
