La juez ha decretado esta noche libertad con cargos para los tres detenidos por el hundimiento este martes del hotel Son Moll, en Capdepera (Mallorca), en el que murieron cuatro obreros que trabajan en la rehabilitación del edificio, que no tenía licencia de obras, han informado fuentes jurídicas.
Se trata del arquitecto del proyecto, Arturo Vila, el aparejador Joan Lluís Pujol, y el jefe de obras Joan Bonet, a quienes la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Manacor (Mallorca), Martina Mora, ha tomado declaración durante unas diez horas. Tras la comparecencia de los tres presuntamente implicados, la juez quienes ha decretado para ellos libertad sin fianza y con los cargos de homicidio por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores.
Las mismas fuentes han explicado que en la declaración, la Fiscalía no ha pedido prisión para los detenidos, mientras que la acusación particular, que representa a la familia de una de las víctimas, ha solicitado el ingreso en prisión de los acusados.
Antes del inicio de las declaraciones de los detenidos, se han personado en el juzgado de Manacor los otros cuatro imputados en el caso, quienes el miércoles declararon ante la Guardia Civil en Palma. Se trata de dos hombres propietarios de sendas empresas constructoras que forman una Unión Temporal de Empresas (UTE), encargada de los trabajos de reforma del hotel, y de dos mujeres, una de ellas propietaria del inmueble y de otra que es administradora del mismo, y quienes que han acudido a las dependencias judiciales para aportar diversa documentación.
La declaración judicial hoy de los tres detenidos ha coincido con el entierro en el municipio de Capdepera de uno de los muertos de nacionalidad española. Fuentes del consistorio han informado de que en el depósito de cadáveres de Manacor permanece el cuerpo del otro obrero español que pereció en el derrumbe, un hombre natural de Santa Marta (Badajoz), donde al parecer será enterrado. En el depósito están también los dos cadáveres de los jóvenes magrebíes fallecidos en el accidente, a la espera de que se consigan los permisos para poder repatriar los cuerpos a Marruecos.
Los principales partidos políticos de Mallorca se han enfrentado, por la gestión del alcalde de Capdepera, el socialista Bartomeu Alzina, quien el martes declaró, tras el suceso, que el consistorio había denegado la licencia para las obras de reforma del hotel y que había ordenado su paralización, lo que ha llevado a diversas formaciones y sindicatos a preguntar cómo no ejecutó el paro efectivo de la construcción.
En una conferencia de prensa en en Palma, el PP ha pedido la dimisión del alcalde si demuestra que ha habido "negligencia" por parte del consistorio respecto al derrumbe del hotel. El portavoz balear del PP, Carlos Simarro, ha reclamado a Alzina que dé explicaciones de por qué no habían sido paralizadas las obras.
El PSOE de Mallorca, en réplica a los populares, ha emitido un comunicado en el que indica que el Ayuntamiento de Capdepera era responsable de proteger la legalidad urbanística pero no la seguridad laboral de los trabajadores del hotel Son Moll, al tiempo que ha defendido la actuación de Alzina. "Son los tribunales -señala la nota- los que han de determinar el grado de responsabilidad penal y administrativa del accidente".
Al comunicado del PSOE le ha seguido otro de UGT en el que se recuerda que el artículo 40.2 de la Constitución encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. La UGT pide al PSOE que asuma "que ha fallado el Ayuntamiento de Capdepera".
"No había licencia de obras concedida -agrega la nota- y el celador había emitido tres boletines constatando obras sin licencia. No obstante, en ningún momento se dió la orden de precintar la obra ilegal". "Si el alcalde hubiera actuado con la diligencia debida, la obra habría estado precintada, el accidente no se habría producido y se habría salvado cuatro vidas", subraya la nota de esa organización sindical.
El socialista Alzina gobierna en Capdepera con el apoyo de Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV), formación que debatirá este fin de semana si pide la dimisión del regidor municipal. La empresa Serrano Hotels, propietaria del hotel que se desplomó, dice en un comunicado que "siempre" ha cumplido los horarios laborales establecidos por la ley y "nunca ha habido presión" de la empresa para acelerar las obras.
Según la empresa hotelera, las reformas de Son Moll "contaban con el plan de seguridad que exige el arquitecto municipal y el mismo Colegio de Arquitectos". La compañía ha confirmado que se mantenían varias luces encendidas en el inmueble durante la noche, "únicamente por motivos de seguridad y poder así intimidar a posibles ladrones" y ha negado que la jornada laboral de los obreros se extendiera a horarios nocturnos, como denunció el sindicato CCOO.
El delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, ha pedido a las administraciones que agilicen la concesión de licencias de obras y no cierren "los ojos" a las que carezcan de estos permisos.
