El anuncio de la desaparición de las becas y su sustitución por contratos, previsto en el borrador de la ley de la ciencia, fue acogido ayer con cautela por los jóvenes investigadores. Estos recelarán hasta que "la norma sea publicada en el BOE y quede claro que se han suprimido del todo las becas". Salomón Aguado, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, reconoció que el Ministerio de Ciencia "ha dado un paso" tratando de llegar a un consenso, pero aseguró que la comunidad científica quiere un pacto nacional por la ciencia similar y "con el mismo talante" del que prepara el Gobierno para la educación. "Si no cuenta con el concurso de agentes sociales, partidos políticos y de todos los investigadores, será una ley coja", vaticinó Aguado.
El colectivo mantiene la convocatoria de una marcha el 6 de marzo en Madrid para reivindicar este pacto y "llamar la atención" del Ejecutivo por el recorte en I+D y acelerar una ley que, según Aguado, debería haber estado terminada el año pasado.
Los investigadores biomédicos de atención primaria y especializada acusaron a la norma de poco concreta, criticaron que insta a la funcionarización y no aborda el caso de los hospitales investigadores. Para el portavoz parlamentario del PP en esta materia, Gabriel Elorriaga, el texto es "una versión descafeinada" de borradores anteriores y se limita a autorizar una agencia estatal de financiación.
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, defendió que la norma supondrá una estabilización laboral definitiva si el investigador supera las evaluaciones a los tres y a los cinco años de iniciarse su contrato y acabará con tres estigmas: la precariedad, la endogamia y la burocracia.
La ministra Garmendia envió ayer el borrador a la comunidad científica y a las autonomías y hará su presentación en el Consejo de Ministros el 12 de marzo.
