La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se encargará de la vigilancia y control "de oficio o a instancia de parte" de la nueva ley del tabaco que hoy aprobará el Congreso de los Diputados con la prohibición de fumar en todos los locales cerrados de ocio. Así se recogerá en un nuevo artículo propuesto por el PP y CiU, y apoyado por el PSOE, con el doble objetivo de que el humo ambiental sea reconocido, según la coalición nacionalista, como un "cárcinógeno para el ser humano" y garantizar el cumplimiento de la ley "en centros de trabajo opacos a los autoridades sanitarias y que muy frecuentemente no son denunciados por la precariedad laboral de los afectados".

El PP se quedará solo en la defensa de que todos los establecimientos puedan habilitar cubículos con un 30% de su espacio para fumadores, aunque esta propuesta, defendida a capa y espada por el sector hotelero pueda salir adelante en el Senado. Pero decaería a su vuelta al Congreso donde la ley será definitivamente aprobada con el objetivo de que entre en vigor el 2 de enero del 2002, en lugar del 1, para salvar la celebración de fin de año.

También se ha hecho un ajuste sobre los clubs de fumadores. Para que los bares no puedan cambiar de denominación para permitir que se consuma tabaco, se les exigirán unos estatutos y censo de socios, y no podrán vender ningún producto.