Agente de seguros de 49 años, José Miguel Sánchez Rojo es el propietario de una vivienda en el edificio Vives, en la calle de la Benemérita del barrio de San José de Lorca. En los próximos meses verá acabada la reconstrucción de esa vivienda, que cuando ocurrieron los terremotos tenía alquilada a una familia ecuatoriana. Los inquilinos tuvieron que salir rápidamente del edificio, sin tener la posibilidad de rescatar ningún mueble y ni siquiera ningún objeto personal. Tras el derribo de su hogar, decidieron trasladarse a Madrid.
"El edificio se hundió porque los pilares se partieron por la mitad", explica José Miguel. Constaba --y vuelve a constar-- de ocho viviendas y un bajo comercial. Casi todos los vecinos son personas mayores. "Los problemas para ponernos de acuerdo han surgido con el propietario del bajo, porque había zonas comunes que él interpretaba como privativas. Pero tras cinco meses de conversaciones, logramos un pacto", relata. Las viviendas también han perdido unos cinco metros por la nueva normativa, así como los huecos del patio de luces. A estos propietarios, la diferencia entre la aportación del seguro y el coste total de la vivienda les va a suponer tener que pagar unos 3.000 euros.
Además, José Miguel Sánchez va a luchar porque se indemnice a los inquilinos por la ropa y los muebles que no pudieron rescatar, aunque para esa familia el drama vivido "no tiene compensación posible", asegura. Los vecinos de José Miguel esperan en breve volver a su barrio, "aunque ya no será igual". "Siempre tendremos el recuerdo del terremoto y sus sufrimientos", explica uno.
