Los fiscales exigen al Gobierno que redacte ya el reglamento de los CIE

El próximo 5 de enero habrán pasado 24 meses desde que Diallo murió, de noche, en su celda. La causa del fallecimiento, según la autopsia, fue una malformación congénita del corazón. La consecuencia, ante las protestas por la falta de atención médica nocturna entre muchas otras deficiencias, fue que el Gobierno se vio obligado a comprometerse a redactar un reglamento de funcionamiento de los CIE. No fue una muestra de altruismo: ese reglamento tendría que estar en vigor desde junio del 2010, seis meses después de la última reforma de la ley de extranjería. Pero sigue pendiente, aunque existe un borrador.

Que no esté en vigor supone que en cada centro la vida discurre de la manera que más procedente le parece al director de turno. Según el Gobierno hace meses que el reglamento está a punto de ver la luz, a la espera de que se cierren flecos, esencialmente relacionados con la financiación. Pero así sigue. Ante esta situación ya no solo las entidades sociales claman al cielo.

CUESTIONES URGENTES También los fiscales piden el reglamento, sin el cual un CIE es un limbo jurídico. En concreto, el fiscal coordinador de extranjería de toda España, Joaquín Sánchez-Covisa exige la puesta en marcha de la normativa.

Sánchez-Covisa expone en la memoria de la Fiscalía General del Estado del 2012, que se hizo pública en septiembre pasado, que quedan "muchas cuestiones pendientes de necesario desarrollo" sobre los derechos y libertades de los inmigrantes que están en los CIE. "Las más urgentes y perentorias: en primer lugar, la elaboración de un reglamento específico que de manera definitiva regule el régimen de internamiento de los extranjeros sometidos a expedientes de devolución o expulsión" según lo establecido en la ley de extranjería, afirma.

El fiscal Sánchez-Covisa asegura a este diario que el reglamento es necesario para regular las relaciones en los CIE, desde la asistencia sanitaria hasta los cacheos o las visitas. "Será bueno para todos, tanto para los que aplican el derecho como para los que viven allí y para la misma Administración", explica.

El fiscal delegado de extranjería en Barcelona, Rodríguez Rey, también hace mención de las deficiencias que son comunes en los centros de toda España. "La primera, por obvia, llamativa y persistente, es la inexistencia de un reglamento sobre funcionamiento y organización de los CIE. Esta situación genera inseguridad jurídica y supone un severo incumplimiento del mandato legal contenido en la reforma de la ley de extranjería", afirma. Rodríguez Rey declara a este diario que "centros de privación de libertad como los CIE, que además no tienen carácter penitenciario, no pueden carecer de una normativa detallada y rigurosa que regule su funcionamiento y las condiciones del internamiento y que garantice los derechos de los internos".

UNA FALTA, NO UN DELITO El fiscal recuerda con esta frase que un CIE no es una cárcel y que los internos no están allí por delinquir, sino por la falta administrativa que supone residir ilegalmente en España: "Hay que recordar que los internos, según establece la misma ley de extranjería, conservan sus derechos y libertades con excepción de la libertad deambulatoria". añade. Afirma asimismo que no le parece "razonable" que el director de cada centro regule su funcionamiento, imponiendo normas de funcionamiento que pueden ser distintas en cada uno. Tampoco cree que los jueces designados para controlar los CIE tengan que ser quienes "a través de sus resoluciones suplan la falta de regulación legal".

La de los internos en un CIE no es una causa que cuente con un apoyo multitudinario. Son centros poco conocidos por los ciudadanos, en los que los internos pasan menos de dos meses. Las entidades sociales han desgranado todo tipo de situaciones que consideran denunciables, una opinión compartida por organismos internacionales como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.