Una maraña judicial sobre el edificio que dura casi dos décadas

El conflicto comienza en 1997 cuando la Junta de Andalucía modifica la calificación del suelo del parque del Cabo de Gata, permitiendo su urbanización. La promotora Azata compra los terrenos, y pese a la notificación al arquitecto de que el proyecto invade el dominio marítimo porque parte de sus instalaciones se ubican a 14 metros del mar, en el 2003 consigue la licencia de obras. La obra queda paralizada al 80% en el 2006, tras una denuncia ecologista. Desde entonces se han sucedido una veintena de sentencias, la mayoría contrarias. Pero los recursos de la promotora impedían iniciar cualquier derribo al dilatar la batalla judicial, que en el 2014 sufrió un duro varapalo al estimarse el suelo como urbanizable.

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