Más de siete años con su petición congelada. Este es el tiempo que lleva Juan María (nombre ficticio) esperando una respuesta del Gobierno español a su solicitud de refugiado. Más de siete años durante los cuales ha subsistido sin ningún tipo de ayuda pública gracias a la solidaridad de sus compatriotas de Guinea Ecuatorial. La paradoja, su gran paradoja, es que fue gracias al Ejecutivo español que ahora pasa de responderle que logró salir de la cárcel y viajar a España en el 2008.

Juan María cuenta que por el "solo hecho de pertenecer a una organización política opuesta" al régimen de Malabo fue calificado como "enemigo de la patria" y perseguido por ello. "Me encarcelaron, torturaron y sometieron a todo tipo de atrocidades", cuenta sin ningún tipo de dramatismo.

Hasta que la "presión internacional, con la ayuda de España", le permitió salir de la cárcel y pidió asilo en nuestro país por los tradicionales lazos que lo unen con el Estado africano. Todo empezó muy bien, porque el cónsul español no puso ningún problema para firmarle el visado. Viajó a la Península "en avión y con todo en regla" en octubre del 2008, recuerda con orgullo. En cuanto pisó suelo español, todas sus expectativas empezaron a derrumbarse.

Nadie, ni siquiera su abogado, le informó de que podía tener derecho a ayudas. Se dirigió a Zaragoza porque sabía que allí había había una pequeña colonia de compatriotas. Ellos le proporcionaron alojamiento. Mientras, aguardaba el papel que debía cambiar su vida, pero cada vez que se acercaba a las oficinas de la delegación del Gobierno recibía la misma respuesta: hay que esperar.

Así pasaron cuatro años, tras los cuales presentó un recurso, al que el Gobierno tampoco se ha dignado responder. Harto de dar con funcionarios desinformados, hace cinco meses se trasladó a vivir a Madrid, para contactar con los responsables de su expediente, algo que todavía no ha conseguido .

Al parecer el Gobierno español utiliza de modo abusivo lo que se conoce como el "principio de prudencia". Es una argucia legal por la que se congela la petición del aspirante a refugiado a la espera de ver cómo evoluciona el conflicto si se considera que la situación de persecución puede acabar desapareciendo. Una expectativa poco realista en el caso de Juan María, que podría acabar deportado si alguien le identifica tras su valiente gesto de salir a la luz pública.