Nuevo episodio del escándalo de las muy retrasadas y ahora mismo paralizadas obras de la estación del AVE de la Sagrera -un barrio de Barcelona-, que fue adjudicada en el 2010 y está previsto inaugurar en el 2020. La Guardia Civil inició a primera hora de ayer una operación en la que realizó 15 registros en Madrid y Barcelona. Un total de 13 personas, entre directivos de la empresa pública Adif y directores de obras, fueron detenidas por formar parte de una trama que supuestamente hinchaba certificados de obras vinculadas a tres sectores de la citada estación barcelonesa.

El sobrecoste asciende a 82 millones de euros. Los investigadores consideran que algunos arrestados "pudieron recibir gratificaciones". En mayo del 2014 ya se produjo una operación similar por irregularidades en los trabajos de este equipamiento ferroviario clave.

La operación, que empezó a las 07.30 en las sedes de Adif en la Sagrera y las dependencias de, al menos, tres UTE (unión temporal de empresas) adjudicatarias de obras, fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona y el fiscal anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled. La Guardia Civil también entró en unas dependencias de Adif en la estación de Francia de Barcelona y en unas oficinas de este organismo en Madrid. El caso, bajo secreto de sumario, afecta a una decena de constructoras.

ALTOS CARGOS Fuentes conocedoras de la investigación confirmaron que fueron detenidos por este caso dos exaltos cargos de Adif y jefes de obras. Entre los arrestados figura Rafael Rodríguez, que había sido director de Alta Velocidad de la Zona Noreste y que había sido el máximo responsable de las obras del AVE a Barcelona, primero, y a Francia, después. También fue detenido Jaime García, exgerente de Infraestructuras de Adif. Estas dos personas ya fueron arrestadas en mayo del 2014 en relación con el otro caso de malversación de fondos en las obras del AVE en Barcelona.

SEDES DE UTE Varias de las entradas y registros de ayer se realizaron en domicilios particulares, así como en una empresa de ingeniería. Otras, en instalaciones de Adif y en sedes de uniones temporales de empresas (UTE) adjudicatarias de los tramos bajo sospecha. Además, se requirió información, como correos corporativos de personal, a varias constructoras. Esta operación es producto de una extensa investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción después de que Adif denunciara la existencia de sobrecostes en determinadas obras.

La denuncia presentada por Adif ante la Fiscalía Anticorrupción manifestaba que en tres obras públicas de la estación para el AVE de la Sagrera se habían detectado dobles mediciones que reflejaban diferencias sustanciales entre la obra certificada como realizada y la que en realidad se había ejecutado. Así se habrían emitido de forma reiterada e intencionada, supuestamente, sucesivas certificaciones de obra con unos importes muy superiores a los trabajos efectivamente efectuados por las empresas contratistas.

Los proyectos a los que se refería la denuncia de Adif son los siguientes: la construcción de los accesos a la estación de la Sagrera (realizada por las empresas FCC, Ferrovial, Copisa y Rubau), la estructura de la misma instalación ferroviaria (Dragados-ACS, Acciona, Comsa y Acsa) y los trabajos de la plataforma de la línea de alta velocidad en el sector de Sant Andreu del tramo la Sagrera-Nudo de la Trinidad (Acciona y Copcisa).

A raíz de la investigación previa de la fiscalía, se detectó un proyecto complementario a una de las contratas donde las cantidades habrían sido igualmente hinchadas. La primera obra fue adjudicada por 222,8 millones de euros y la segunda por 366,5 millones.

EMPLEADOS La Fiscalía Anticorrupción expuso en un comunicado que se estima que en las conductas investigadas han participado no solo funcionarios directamente relacionados con las obras, sino también diferentes empleados de empresas privadas encargadas del auxilio técnico de los anteriores, así como personal directivo de las constructoras beneficiadas "por el desvío de dinero público".

Los investigadores consideran que existen "sólidos indicios" de que el falseamiento de las certificaciones de obra respondía a la intención de favorecer indebidamente a las empresas contratistas, las cuales habrían estado percibiendo de este modo sumas de dinero público muy superiores a las que realmente les correspondía recibir por lo contratado. A los detenidos se les atribuyen los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad, prevaricación y posible cohecho.