Cortes piden al Estado que cumpla con garantizar el derecho a la vivienda
En la iniciativa, aprobada con el voto a favor de PSOE, Podemos, CHA e IU, la abstención de PP y Ciudadanos y el voto en contra del PAR, se pide la modificación de las leyes de Enjuiciamiento Civil y de Arrendamientos Urbanos a fin de garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva y prohibición de desalojo sin alternativa habitacional.
El Pleno de las Cortes ha pedido hoy al Gobierno de Aragón que reclame al de España que cumpla con sus obligaciones internacionales de garantizar el derecho a una vivienda adecuada con diferentes medidas contenidas en una proposición no de ley presentada por Podemos.
Entre ellas, que aumente las partidas presupuestarias necesarias y que adopte medidas legislativas y administrativas para garantizar que en los procesos judiciales de desalojos de inquilinos los demandados puedan oponerse o presentar un recurso con el fin de que el juez pueda evaluar las situaciones de vulnerabilidad y acceso a la vivienda de las familias demandadas.
En la iniciativa, aprobada con el voto a favor de PSOE, Podemos, CHA e IU, la abstención de PP y Ciudadanos y el voto en contra del PAR, se pide la modificación de las leyes de Enjuiciamiento Civil y de Arrendamientos Urbanos a fin de garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva y prohibición de desalojo sin alternativa habitacional.
También que, como dispone la ONU, se prohíban y paralicen inmediatamente todos los desahucios a personas y familias en su primera y única vivienda y sin alternativa habitacional, y que se establezcan mecanismos para luchar contra del acaparamiento de viviendas en manos de grandes sociedades o entidades tenedoras de vivienda.
Entre otras cuestiones, las Cortes, a instancias de Podemos, reclaman la adopción de medidas legislativas para obligar a los grandes tenedores de vivienda a ceder sus viviendas vacías a las administraciones públicas competentes, para hacer frente a la situación de emergencia social de las personas o familias en riesgo de exclusión.
Y promover acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (SAREB) y las entidades bancarias para la cesión de sus viviendas vacías a las administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas al alquiler social.
Finalmente, se solicita que, dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO), se cree una línea de crédito destinada a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al alquiler.