España reconoce únicamente al 10% de enfermos por amianto

Dependiendo de cuál sea su edad, la palabra amianto puede sonarle más o menos. El amianto (o asbesto) es uno de los componentes del fibrocemento, un material de construcción comercializado preferentemente por la empresa Uralita SA, por eso ha sido conocido con este nombre. ¿Le suenan los tejados de uralita? Eso es el amianto y si su casa ha sido levantada antes del año 2000, probablemente contenga este material en cubiertas o tuberías, pues ha sido usado, de manera masiva y durante décadas, como aislante del calor y del fuego en edificios.

El amianto está prohibido en toda la UE desde el 2000. Se ha demostrado que sus fibras sueltas que llegan a los pulmones pueden causar enfermedades graves, como cáncer de pulmón, mesotelioma (tumor de pleura cuya única causa conocida es el amianto) o asbestosis (un tipo de fibrosis pulmonar). No se alarme: aunque actualmente muchas construcciones contienen amianto, solo aquellos materiales muy degradados pueden suponer un peligro real para la salud. Países como Francia obligan a certificar si la vivienda que se va a vender o alquilar tiene o no asbesto.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el amianto es el responsable cada año de más de 100.000 muertes en todo el mundo. Víctimas como extrabajadores de los centros industriales donde se manipulaba este material cancerígeno sin ningún tipo de protección, pero también familiares suyos que estuvieron en contacto con las fibras (por ejemplo, mujeres que lavaban la ropa de trabajo del marido) e, incluso, vecinos que vivían cerca de un foco de producción.

La zona cero del amianto en toda España se encuentra en Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Ahí estuvo, desde 1910 y hasta 1997, la fábrica de Uralita. Por eso Cerdanyola ha sido elegida este año como lugar de acogida del encuentro internacional de víctimas del amianto, que se clausura hoy y está organizado por la Associación de Víctimas por el Amianto de Cataluña y la cooperativa de abogados Colectivo Ronda.

«En 1925, Uralita tenía 325 trabajadores en plantilla. Cinco años después, más del doble. Mucha gente vino a Cerdanyola a trabajar en esta fábrica», señaló el alcalde del municipio, Carles Escolá, el pasado jueves en la recepción institucional del evento. Las cifras dan una idea del crecimiento de esta multinacional que hace años cambió de nombre y actualmente se llama Corporación Empresarial de Material de Construcción (Coemac).

«Se sabía desde 1940 que el amianto era dañino y en 1947 se reconoció la enfermedad de la uralita. ¿Por qué se siguió utilizando? Porque era un material muy barato y muy bueno. Y no hay que olvidar que la empresa sigue activa, ganando millones y millones», dijo por su parte la abogada Raquel Lafuente. Esta cooperativa trabaja desde hace más de 30 años en la defensa de los derechos de las personas afectadas por la exposición al amianto y denunciando la falta de medidas efectivas de protección.

Cerdanyola, Ripollet o Castelldefels han sido importantes focos de contaminación no solo para trabajadores de Uralita, sino también para familiares y vecinos. Las enfermedades relacionadas con el amianto tardan entre 20 y 30 años en desarrollarse, por eso siguen apareciendo nuevos casos de pacientes.

Hoy por hoy, el amianto solo está prohibido en 50 países (entre ellos Estados Unidos y Canadá). En zonas como India, Brasil o el norte de África no. La OMS advierte de que cada año se comercializan unos 2,5 millones de toneladas de amianto en todo el mundo. Hay 125 millones de trabajadores expuestos al día.

Una de las problemáticas de la enfermedad del amianto es la infradiagnosis en el ámbito de la Administración, que no reconoce a esta como una enfermedad laboral. Se estima que España solo reconoce menos del 10% de todos los casos que hay. Esto lleva a muchos afectados por el amianto en España a verse obligados a recurrir a la vía judicial para obtener las prestaciones.

Una de las sentencias más importantes de los últimos años fue la del Tribunal Supremo en el 2012, cuando este unificó doctrina y resolvió que Uralita incumplió la normativa desde los 40. También en el último año hubo avances: dos sentencias pioneras establecieron que la empresa debe indemnizar a unos familiares y vecinos del entorno de Uralita. Los identifica así como afectados pasivos ambientales.