Desde hace un tiempo, el mercado laboral español está muy pendiente de lo que vaya a suceder con la reforma laboral de 2012. Y más aún desde que se constituyó el Gobierno que ha prometido derogarla. Conforme pasan los días parece que, por desgracia, el tijeretazo al desaguisado no será del calado esperado por los trabajadores. Al menos, será rápido, según anunció la ministra.

En ese contexto de incertidumbre se está negociando, entre otros, el Convenio Provincial del Metal de Zaragoza, que ya ha cumplimentado su tercera reunión entre sindicatos y patronal. En el resumen de la misma enviado a los afiliados hay una medida solicitada por los empresarios que me dejó epatado y descolocado. Pretenden incluir una suerte de cláusula de rescisión para que cuando un trabajador se vaya a otra empresa pague en concepto de gastos de formación, ya que consideran que han invertido tiempo y dinero en su capacitación. Sería una forma de resarcirse por ello. Lo primero que me vino a la cabeza fue la imagen de un grupo de directivos y propietarios trajeados, convertidos en aficionados radicales enfadados por la mala marcha de su equipo o por la fuga de su estrella a otro rival, gritando eso de “asalariados, mercenarios”.

En algunas empresas ya tienen estipulado que determinados cursos y másteres que pagan a sus empleados implican un compromiso mínimo de permanencia del beneficiario en la organización, bajo penalización de reposición total o parcial del dinero invertido. Se podría calificar, a priori, de comprensible y, hasta, justo.

Pero toda historia tiene, cuanto menos, dos versiones. ¿Algún empresario ha dedicado su tiempo en pensar por qué sus empleados se marchan? ¿Cuántos están dispuestos a pagar esas cláusulas por fichar nuevos talentos? Si lo hicieran, algunos igual descubrían que con los salarios que pagan, las jornadas flexibilizadas que imponen, las horas extra bajo mano, los impedimentos a la conciliación que ponen y un largo etcétera de métodos pseudoesclavistas que han estado usando amparados bajo el paraguas de la crisis, sus empleados no pueden vivir dignamente o, simplemente, llegar a fin de mes. Todo el mundo esperar mejorar, crecer, evolucionar… De ahí que el que encuentra un trabajo mejor, más remunerado, que le permite pasar más tiempo con los suyos o en el que lo valoran en su justa medida no dude en cambiar a la más mínima oportunidad. ¿No reclaman más movilidad?

Quiero pensar que esta idea no es más que una ocurrencia surgida en el transcurso de la sobremesa de una comida mientras se preparaba la respuesta a los sindicatos. “Estoy seguro” de que ninguno de los negociadores ni de sus representados tienen en sus empresas a titulados universitarios trabajando con contratos de prácticas, ni a asalariados temporales concatenando contratos por encima del tiempo máximo marcado en la ley, ni, menos aún, alternando los de fin de obra con los de circunstancias eventuales de la producción. Ciencia ficción. ¿O no?

El objetivo de toda empresa es obtener el mayor beneficio posible optimizando lo recursos. Vamos, minimizando costes. Pero esto también tiene su cara b: pagando la menor cantidad de impuestos. Cruda realidad insolidaria en demasiados casos. Pura teoría. Tema 1. ¿Ahora cómo encajamos la cláusula teniendo en cuenta que parte de la formación que se ofrece en las empresas está subvencionada con dinero público? Cuando un trabajador se marche a la competencia y abone el dinero solicitado, ¿la compañía que cobre devolverá a las administraciones la parte proporcional correspondiente? Una locura. Pero también sería justo.

En toda negociación existe un tira y afloja, un intercambio de propuestas antagónicas. Si tú quieres subir, yo bajar. Tú pides el día, yo la noche. Lógico. Reglas del juego. Los sindicatos han pedido incrementar los fondos para mejorar la formación y la respuesta que han recibido es crear una cláusula de indemnización si el trabajador se va.

Los empresarios únicamente miran la cuenta de resultados, faltaría más, para eso emprenden un negocio; y en el afán de mejorarla invierten su capital y el de sus accionistas administrando los recursos materiales y humanos de que disponen. Lo que pasa es que no es lo mismo adquirir una máquina que gestionar un grupo de personas con diversas capacidades, sentimientos, necesidades y aspiraciones, cuyas cuentas de resultados son llegar a fin de mes de la forma más holgada, sintiéndose valoradas y reconocidas, no tratadas como “un número” o “un recurso”. Una relación laboral pactada no es derecho de propiedad como el de la maquinaria.

Cuando un empresario decide prescindir de un trabajador no suele dar muchas explicaciones, y menos desde el 2012. Paga la indemnización legal correspondiente (no siempre de forma voluntaria) y listo. Por eso, cuando un asalariado decide cambiar de aires no es porque sea un mercenario, es porque busca algo mejor. Conforme avance la negociación esta idea saldrá de la lista de puntos a tratar. De hecho, no debería pasar de la siguiente reunión.

Y como ocurrencias tenemos todos, ahí va una: que los empresarios trabajen un mes en las mismas condiciones que sus empleados (horarios, turnos, salario, etc). Después de vivir una experiencia de tal magnitud, igual veían las cosas de otra forma.