La Constitución de 1978 trajo la democracia a España, aunque esta no llegó de la noche a la mañana sino que fue resultado de un proceso de consolidación del nuevo sistema que puso su primera piedra en 1979 con las primeras elecciones municipales, en las que los ciudadanos pudieron, por primera vez después de cuatro décadas de dictadura, elegir a sus representantes más cercanos.
Estos comicios se celebraron el 3 de abril y configuraron los ayuntamientos democráticos que conocemos actualmente, y que se han convertido en un eslabón fundamental de la relación entre el poder público y la ciudadanía.
La figura de los alcaldes pasó de ser el último eslabón del centralizado régimen dictatorial de Franco a un representante elegido por sufragio universal. En estos 41 años de democracia local se ha creado una red de lazos con los ciudadanos a través de los consistorios, instituciones que han ido evolucionando y que no se encuentran al margen de los cambios que ha sufrido la sociedad.
Las 731 entidades locales de la comunidad aragonesa siguen enfrentándose a muchos de los retos que comparten desde hace 41 años y también a otros nuevos: la falta de dinero para financiar los servicios que prestan y acometer las infraestructuras de su competencia o, como novedad, mantener población en su territorio y luchar contra la despoblación.
Con la elección de los representantes locales, la democracia en España daba sus primeros pasos pero no tardarían en llegar nuevos hitos, como la aprobación de los primeros estatutos de autonomía, que derivarían en las primeras elecciones autonómicas celebradas en 1980 en Cataluña y el País Vasco, de las que se cumplen ahora 40 años. En este mismo año se iniciaba en el parlamento la negociación para los estatutos de Galicia y Andalucía, mientras que el de Aragón tardaría algo más en llegar y fue aprobado finalmente en 1981.
La descentralización del Estado a través de las autonomías y otros niveles de administración fue uno de los hitos de la Constitución de 1978. Esta estructura territorial permite dar una respuesta más cercana y eficaz a los problemas de los distintos territorios que forman parte del Estado atendiendo a su idiosincracia y sus diversas necesidades. Una fórmula que continúa vigente hoy en día aunque constituye uno de los ejes del debate sobre una posible reforma constitucional.
El divorcio y otros hitos
Además de las primeras elecciones autonómicas hace ahora cuatro décadas, el año 1980 dejó otros acontecimientos importantes en la cronología de la España democrática que fueron posibles gracias al consenso que supuso la aprobación de la Carta Magna.
La joven actividad parlamentaria estuvo marcada por la primera moción de censura en democracia al gobierno de Suárez, presentada por el PSOE con Felipe González como candidato y rechazada al final con 166 votos en contra, 152 a favor y 21 abstenciones. El otro asunto más relevante en la agenda política fue la intención de España de entrar en la OTAN, que culminaría con el referéndum ciudadano de 1986.
Donde sí entró España en 1980 fue en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El país se esforzaba por abrirse al mundo tras cuatro décadas de oscuridad y también por modernizarse, como demuestra que uno de los primeros proyectos de ley remitidos a las Cortes fuera la reforma del Código Civil en materia de matrimonio, que incluía la regulación del divorcio.
El calendario institucional de 1980 traería consigo además la aparición del Tribunal Constitucional y la primera Ley Orgánica de Financiación Autonómica, que desde entonces ha sido y sigue siendo uno de los principales instrumentos de relación entre la administración central y las comunidades, para la equidad entre territorios y la cohesión social.
El terrorismo que azotaba con fuerza a la sociedad española de comienzos de los 80 era uno de los principales problemas para los ciudadanos. El parlamento aprobó una serie de leyes para luchar contra las bandas armadas, que incluían la eliminación de determinados derechos y libertades de los detenidos. Era el año del juicio por los atentados del despacho de abogados de Atocha y también se produjeron varios asesinatos y secuestros por parte de ETA y el Grapo.
En mayo de 1980, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero era condenado a siete meses de prisión por el intento de golpe de estado conocido como Operación Galaxia. Tras cumplir su condena, Tejero acabaría protagonizando, el 23 de febrero de 1981, un nuevo intento de hacer caer el nuevo sistema, que fracasó estrepitosamente reforzando la unidad y el compromiso de todas las fuerzas políticas e instituciones del país con la democracia y el estado de derecho.
