La aparición de nuevos partidos políticos y su irrupción en el arco parlamentario han supuesto el fin del bipartidismo que dominó la política española en las primeras décadas de la democracia tras la aprobación de la Constitución de 1978. Aunque el auge de los populismos es una de las principales amenazas para las democracias europeas y del resto del mundo, la pluralidad política, entendida como mayor diversidad de opciones de representación para la ciudadanía y la necesidad de dialogar y alcanzar acuerdos para la gobernabilidad constituye un indicador de buena salud democráctica, según los organismos que se dedican a medir la calidad de estos sistemas políticos en el mundo.
Este mes de noviembre se ha cumplido un año de la primera legislatura en España con un gobierno de coalición, formado por el PSOE y Unidas Podemos, resultado de un largo proceso que se inició en junio del 2018 con la moción de censura a Mariano Rajoy presentada por el PSOE y que llevó al país a acudir a las urnas hasta en dos ocasiones durante el 2019 (abril y noviembre) para elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados.
Desde la aprobación de la Constitución española de 1978, se han celebrado en nuestro país 14 elecciones generales, cuatro de ellas desde el 2015. Una maratón electoral que se debe fundamentalmente a la aparición en escena de nuevas formaciones capaces de aglutinar a un amplio espectro del electorado, que ha dificultado la obtención de mayorías absolutas en el parlamento por parte de los partidos tradicionales, y por tanto, obligan a un mayor entendimiento y consenso entre las fuerzas para la gobernanza.
Un claro ejemplo lo encontramos en Aragón, donde las últimas elecciones autonómicas celebradas en mayo del 2019 dieron como resultado un gobierno autonómico cuatripartito, dirigido por el socialista Javier Lambán, con los apoyos de Unidas Podemos, CHA y PAR, demostrando que la comunidad es tierra de pactos y que estos son cada vez más necesarios, tanto para la gestión de las administraciones como para sacar adelante leyes, presupuestos o proyectos concretos en momentos puntuales.
Una "democracia plena"
La diversidad de alternativas políticas y la capacidad para crear consenso es uno de los indicadores que se analizan para establecer ránkings de calidad de los sistemas democráticos en el mundo.
Uno de los más conocidos es el Democracy Índex de la Unidad de Inteligencia de The Economist. La democracia española se situó en el 2019 en el puesto 18 del listado elaborado por el diario económico, avanzando un puesto con respecto al año anterior, y se mantiene dentro del grupo de «democracias plenas».
En concreto, España obtuvo 8,18 puntos sobre 10, una valoración superior a la de países del entorno como Francia (8,12) y Portugal (8,03). También es superior a Bélgica (7,64) y a Italia (7,52), estados considerados «democracias imperfectas» por el organismo.
Pese a los numerosos procesos electorales desde el 2015 y la fragmentación parlamentaria, que en ocasiones se percibe como negativa por las dificultades para sacar adelante iniciativas importantes como ha sucedido con los Presupuestos Generales del 2021, España obtiene muy buena puntuación en los cinco bloques de los que se compone el índice de The Economist: procesos electorales y pluralismo, libertades civiles, cultura política, participación y funcionamiento del Gobierno.
