Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria han arrestado a 22 personas vinculadas a una organización europea dedicada al fraude de IVA en el sector de la informática, que habría defraudado más de 26 millones de euros entre los años 2017 y 2020.

La operación, desarrollada con el apoyo de EUROPOL, EUROJUST y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas (Madrid), se ha llevado a cabo de manera simultánea en España, Bélgica y Países Bajos.

Investigadores españoles se desplazaron a esos países para coordinar el dispositivo, en el que se han practicado 24 registros en los domicilios de los principales investigados, así como en las sedes de distintas mercantiles, concretamente 18 en España, 5 en Países Bajos y 1 en Bélgica.

La operación se inició en 2019 al detectarse un entramado empresarial a nivel internacional para defraudar al erario público a gran escala mediante una "ficción comercial" basada en operaciones de compraventa de expediciones comerciales de productos informáticos entre empresas ubicadas en diferentes países de la Unión Europea, eludiendo así el pago de los impuestos (IVA) generados por su actividad.

Las operaciones ficticias encadenadas se iniciaban por cuatro empresas ubicadas en Países Bajos que simulaban vender estos productos a sociedades de diferentes países europeos, aunque en realidad esas expediciones comerciales eran enviadas a España, donde eran almacenadas en empresas logísticas. Ya en España, las expediciones eran objeto de una serie de liberaciones de mercancías entre las distintas empresas implicadas que permitían poner estos productos a disposición de mercantiles que introducían la mercancía en el mercado nacional.

El fraude se basaba en el hecho de que las empresas situadas en el escalón de entrada de la mercancía en España de la cadena de suministros ficticia resultaban ser entidades inexistentes y por tanto no se ingresaba el IVA de la operativa comercial realizada y era imposible su localización. De esta manera, se habría generado un fraude superior a 26,5 millones de euros, según ha calculado la Agencia Tributaria.

Además, esta operativa fraudulenta permitía poner el producto a la venta a un precio inigualable, acaparando el mercado de estos productos a nivel nacional. Según los investigadores, la red desarrolló una estrategia financiera con la que habría blanqueado capitales por valor de más de 70 millones de euros. En los registros, se han intervenido ordenadores y abundante documentación, tanto en soporte papel como informático, procediéndose al bloqueo de cuentas bancarias, inmuebles y vehículos y a la incautación de 14.780 discos duros preparados para su venta. Igualmente se ha procedido a la prohibición preventiva de enajenación de 13 inmuebles, que ascienden a un valor aproximado de 1,3 millones de euros, así como de 16 vehículos y el bloqueo de saldos de cuentas bancarias que en 33 entidades financieras titulaban los miembros de la organización.