La forma de vivir de una sociedad depende mucho de las leyes por las que se luchan y se aprueban en el Parlamento y, aunque las polémicas las rodeen y unas afecten o gusten más que otras a cada persona, nadie duda de que las del divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual y la eutanasia han cambiado a España para siempre.

Este martes 22 de junio de 2021 se cumplen precisamente cuarenta años de la primera ley del divorcio de la democracia, un derecho que ahora parece lo más normal pero que era tabú desde la II República.

Igual pasó con el aborto, que no estaría legalizado en España, para determinados supuestos, hasta el 5 de julio de 1985.

Y el matrimonio de parejas del mismo sexo, aprobado también en verano, el 30 de junio de 2005.

La más reciente, la de la eutanasia, aprobada el pasado 18 de marzo, se pone en marcha este 25 de junio de 2021.

Ley del divorcio

Julia Ibars es el nombre de la mujer que, sin proponérselo, ha pasado a la historia por ser la primera divorciada en la España contemporánea, en septiembre de 1981. Esta santanderina recordaría después "la tranquilidad" que sintió por poder seguir con su vida, volver a casarse -algo que también hizo su exmarido-, aunque durante tiempo notó las miradas y comentarios a sus espaldas.

La ley del divorcio fue impulsada por el gobierno de UCD de Adolfo Suárez y por el ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez, a quien le llegaron a acusar de querer aprobarla para divorciarse él mismo.

El ministro afirmó en las Cortes: "No podemos impedir que los matrimonios se rompan pero sí podemos impedir el sufrimiento de los matrimonios rotos".

Hubo resistencia dentro de UCD, en Alianza Popular -antecesor del PP- y de los sectores más conservadores y religiosos. Salió adelante incluyendo cautelas temporales y formales, por ejemplo, era obligatorio separarse como fase previa y había un plazo mínimo de dos años para divorciarse.

Como aspectos conflictivos aparecieron el impago de pensiones o la custodia de hijos, por lo que se fueron introduciendo modificaciones como el derecho de los padres a optar por la custodia de los menores (1990) o poder encomendar a los abuelos la tutela de nietos cuando sus padres no llegaran a acuerdos (2003).

En 2005, con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se aprobó la reforma conocida como "ley del divorcio exprés".

Desde 1981 (año en que se divorciaron o separaron unas 16.300 parejas) hasta ahora se han producido más de tres millones de disoluciones matrimoniales, entre divorcios y separaciones, según datos del CGPJ y del INE.

Se alcanzó la cifra récord en 2006: 145.919 rupturas (126.952 divorcios, 18.793 separaciones y 174 nulidades).

Los años de crisis económica o los meses de la pandemia han afectado esas cifras. En 2020, todos los tipos de demanda de disolución matrimonial mostraron reducciones, con una disminución conjunta del 13,3 % respecto a 2019.

Ley del aborto

Las españolas que decidían abortar recurrían a sitios clandestinos, a métodos dudosos o a viajar secretamente a Londres ya que hasta 1985 el aborto había sido ilegal en España con la única excepción de la legislación en Cataluña durante la II República.

La despenalización se produjo con la ley aprobada el 5 de julio de 1985, para varios supuestos, a instancias del primer gobierno socialista con Felipe González.

Se podía abortar en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite por riesgo para la salud física y mental de la madre.

Hubo entonces manifestaciones a favor y en contra, como sigue sucediendo, concentraciones frente a clínicas abortistas y el rechazo de la Iglesia católica, que lo considera 'pecado mortal'.

En 2010, la ley se modificó por plazos, pero en 2015 el PP introdujo una reforma que impide a las menores de 18 años interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno, lo que quiere volver a cambiar el actual Ejecutivo.

Desde que se despenalizó el aborto se han practicado en España más de 2,3 millones de interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley. Si en 1986 fueron 411, en 2019 sumaron 99.149.

Matrimonio homosexual

Quizá la más conocida entre las generaciones jóvenes es la ley que autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue la tercera que entró en vigor en el mundo y la primera que incluía la adopción.

Impulsada por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, se aprobó en el Congreso el 30 de junio de 2005 y entró en vigor el 3 de julio.

Fue recibida con entusiasmo por los colectivos gays y lesbianas, provocó fuertes rechazos en la Iglesia y en el PP, que defendía las uniones pero sin considerarse matrimonios. Los 'populares' presentaron recurso ante el Constitucional, que en 2012 lo rechazó.

La primera boda se celebró el 11 de julio de 2005 en Tres Cantos (Madrid), y los contrayentes fueron dos hombres, Emilio Menéndez y Carlos Barturín. Y la primera demanda de separación de un matrimonio homosexual se registró en junio de 2006.

Se han casado en España hasta ahora más de 55.000 parejas del mismo sexo.

Eutanasia

Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que reclamó durante años el derecho a la eutanasia y murió en 1998, hizo que fuera tema de debate en España, más aún cuando la película de Alejandro Amenábar "Mar adentro" (2004) recordó su historia.

Además de por otros casos, en abril de 2019 volvió a surgir la polémica con María José Carrasco, una enferma terminal a la que ayudó a morir su marido, Ángel Hernández.

Eutanasia es un término utilizado por primera vez por el filósofo Francis Bacon en el siglo XVII para referirse a aquellas medidas encaminadas a facilitar "una muerte tranquila".

El Congreso aprobó este año, el 18 de marzo, la ley de eutanasia, que entrará en vigor el próximo 25 de junio. España se convierte en el séptimo país en aprobarla tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia.

Cuenta con el rechazo de los partidos de derecha y de la Iglesia, que reclaman una atención integral al sufrimiento.

En España, más de 60.000 personas mueren en malas condiciones, sin poder acceder a los cuidados paliativos.

Con la ley, la eutanasia es un derecho incluido como prestación del Sistema Nacional de Salud. Pueden pedirla mayores de edad que sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".

El paciente deberá confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones y los médicos podrán acogerse a la libertad de conciencia. Una comisión compuesta por personal médico, de enfermería y juristas supervisará cada caso y será responsable de autorizarlo.