Objetivo: que la C. Valenciana deje de formar parte del "Corredor de la vergüenza y la indignidad" que supone la prostitución. Acción: prohibir el sexo pagado no solo en espacio públicos, sino también en los prostíbulos que camuflan esa actividad de explotación sexual de las mujeres bajo el paraguas de la actividad de hostal o cafetería.
Son dos de las medidas para conseguir la abolición de la prostitución en territorio valenciano que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado como inminentes esta misma mañana (presentarán formalmente la próxima semana), durante la visita a la nueva oficina de atención a víctimas del delito en Mislata, y que son el resultado del largo trabajo realizado por el Foro valenciano para la abolición de la prostitución, anunciado en septiembre de 2020 y que se hizo realidad en marzo del año pasado.
"Esta ley integral tiene que contemplar medidas de atención social necesarias para apoyar a todas estas víctimas para que puedan iniciar un nuevo proyecto de vida"
Las conclusiones de los grupos de trabajo de la Universidad de València, presentadas por la consellera y sus autores a finales de diciembre, son la base sobre la que ahora se realizarán los cambios legales en la normativa autonómica, para lo cual según ha dicho hoy Bravo, "estamos revisando la Ley de espectáculos públicos para poder dirigir actuaciones de prohibición de consumo de sexo pagado no solo en los espacios públicos, sino también dentro de los establecimientos públicos". Y remachó: "No podemos consentir que en todos estos establecimientos que tienen licencia de actividad de hostal o de cafeterías se esté mercadeando con el sexo de las mujeres, se esté abusando de ellas y se las esté convirtiendo en un simple objeto de mercancía".
Ordenanzas municipales abolicionistas
No es la única vía. Además, Bravo, que aplaudió ordenanzas municipales como la de Albal, modificadas tras el asesinato de Florina Gogos cuando era prostituida en un arcén de la Pista de Silla y que ha sido la base legal para multar hace solo unos días con 800 euros a un putero multado por un policía local, ha adelantado que presentarán a la Federación de Municipios y Provincias "un modelo de ordenanza municipal abolicionista" en los términos similares a las de Albal.
Con ello, se pretende "buscar fórmulas para aplicarlo no solo en los espacios públicos, sino también, insisto, en la actividad que se desarrolla dentro de los establecimientos públicos en los que sabemos que se aprovechan de la vulnerabilidad, de la pobreza, de la situación terrible en la que viven la mayoría de las mujeres, muchas de ellas víctimas además de trata". Por esa razón, defiende que "tenemos que poner el foco ahí y castigar, en el marco de nuestras competencias, al menos administrativamente tanto el consumo como cualquier tipo de aprovechamiento" que se produce con la explotación sexual sistemáticas de las mujeres.
Penar a los puteros
La consellera volvió a insistir en que otro de los pilares de esta acción que persigue erradicar cualquier forma de prostitución de la C. Valenciana, es provocar un cambio en la legislación penal española. Por ello, el objetivo es "instar al Gobierno de España para que elabore una ley integral para la abolición de la prostitución, que tiene que pasar necesariamente por tipificar en el Código Penal tanto el consumo de sexo pagado, esto es, penar a los puteros, a los prostituidores, como castigar todo tipo de proxenetismo. No podemos consentir que terceros se aprovechen de esta forma de violencia sexual.
Y explicó que debe ser una ley integral, como lo es la que persigue la violencia machista, por la necesidad de complementarla con las necesarias ayudas económicas, sociales y habitacionales a las mujeres que deben ser rescatadas de esa situación de prostitución. En este sentido, ha afirmado que "esta ley integral tiene que contemplar medidas de atención social necesarias para apoyar a todas estas víctimas para que puedan iniciar un nuevo proyecto de vida".
