Un rótulo colocado en la cancela que da acceso a la finca hace saber que Somonte es una finca ocupada por el Sindicado Andaluz de Trabajadores (SAT). Una ocupación que tiene su origen en marzo del año 2012. Desde entonces, los jornaleros que han entrado en ella han sido desalojados nueve veces. Después de cada una de ellas han vuelto a entrar porque consideran que una tierra que es pública (el cortijo es propiedad de la Junta de Andalucía) debe tener aprovechamiento social. Diez años, diez ocupaciones y no pocos procesos judiciales.

"En la mayoría de ellos hemos salido absueltos", apunta Óscar Reina, secretario general del sindicato, que recuerda que en una de las sentencias el juez concluía señalando que la entrada de los jornaleros había mejorado unas instalaciones que estaban en "semiabandono". Los pleitos continúan, pues el juzgado ha vuelto a citar a las tres personas que actualmente se encargan de la finca (Óscar Reina, Miguel García y José María Molero) a una testifical el día 17 de mayo, al estar investigados por "usurpación y resistencia". 

Somonte es un cortijo de 400 hectáreas de secano adquirida por la Junta de Andalucía en los años 80, con la intención de poner en marcha una Reforma Agraria que no llegó a materializarse. Desde hace una década, la Administración andaluza pretende vender la finca, objetivo que el SAT no comparte porque considera que unas tierras que son públicas deben rentabilizarse de manera social. Ese es el origen de la ocupación. La primera producida el 4 de marzo del año 2012. Desde entonces, los jornaleros han sido desalojados por la Guardia Civil nueve veces.

Óscar Reina indica que estos diez años han supuesto "cumplir el primer objetivo que nos planteamos, que era paralizar la venta de una finca pública, como ésta que son 400 hectáreas, 359 que estaban en secano, 41 con posibilidad de regadío, y que salía a la venta en el 5 de marzo del año 2012. Así que el primer objetivo seguimos consiguiéndolo a día de hoy, diez años después, lo que ha significado resistencia, lucha, rebeldía y dignidad para nosotros".

La idea principal del sindicato es sacar rentabilidad social a esta hacienda de modo que genere empleo en la comarca, bien explotándola con cooperativas, bien en colaboración con otras entidades sociales. A juicio del portavoz, la mejor salida sería que la Junta cediera la finca por periodos renovables, para que «se pudiera aprovechar en usufructo por cooperativas de trabajadores y trabajadoras de la comarca que estén en paro". Si la finca estuviera funcionando a pleno rendimiento, lo que no es posible al no ser propiedad (además de los problemas climáticos actuales), podría dar al cabo del año miles de jornales. "Si aquí pudiéramos invertir en regadío y pudiéramos meter cultivos como el espárrago, que da mano de obra, olivar, en el que ha hemos invertido algo, estaríamos hablando de que se podría dar empleo a 50 o 60 personas mínimo en determinados meses del año. Eso son miles de jornales, que en una comarca como ésta vendrían bastante bien". Aún así, en estos dos lustros de ocupación, además de los olivos (de los 300 plantados ya hay 150 que dan producción), se han sembrado "pipas", garbanzos, trigo y cebada y en algunos momentos se pone en marcha la huerta. Ahora se quiere plantar cilantro. Además, disponen de una pequeña granja ecológica de gallinas.

Sin embargo, en las actuales condiciones es difícil poner en marcha iniciativas que requieran inversiones, porque el mantenimiento actual es posible «gracias a las aportaciones del sindicato y algunos particulares», con ello se mantiene una persona estable en el cortijo y el consumo de energía. "Nos cuesta 600 euros al mes la gasolina para el generador, porque tras el último desalojo, nos cortaron también la luz", explica Miguel García, portavoz del sindicato en Córdoba, quien cree que además de la explotación agrícola, Somonte podría dar cabida a otro tipo de iniciativas formativas o como centro terapéutico, al tener varias viviendas. "Quien colabora con nosotros o nos aporta algo se juega mucho, porque aquí nos encontramos en situación de alegalidad", recuerda Reina, lo que significa que podría tener que rendir cuentas ante la justicia. "Aquí han sido juzgadas unas cien personas a lo largo de estos diez años, aunque de casi todos los juicios hemos salido absueltos, pero hay otros en los que no».

Sobre el posible aprovechamiento de la finca (y otras dos más de Palma del Río), el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba y el grupo político Cambiemos Palma han elaborado un estudio en el que se señala que Somonte, Guzmán y la Palmosa tienen posibilidades de explotación agrícola y ganadera tanto ecológica como convencional, actividades de transformación, agroecológicas, educativas e incluso energéticas, con energías renovables. 

A día de hoy, el SAT sigue intentando llegar a un acuerdo con la Junta y ha pedido reuniones con todos los consejeros del ramo, sin que hasta ahora hayan llegado a una solución viable. El último intento tuvo lugar el pasado jueves, cuando los responsables del sindicato fueron recibidos por el delegado de Agricultura de Córdoba, Juan Ramón Pérez. El futuro de la finca, de la ocupación y de estos trabajadores del campo se ha decidir en los despachos y con el diálogo. Con la esperanza de poder alcanzarlo, hoy Somonte acoge una jornada de actos conmemorativos de esta década de lucha. El encuentro se celebra con el fondo de una pared en la que reza una frase del cura Diamantino: "No hay causas perdidas, hay causas difíciles, pero como son tan justas, algún día las ganaremos".