“No sé si estamos exagerando la cuestión”, dijo este viernes Luis Argüello. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que esta semana ha celebrado su Asamblea Plenaria en Madrid, se refería a las distintas investigaciones que se han puesto en marcha en los últimos tiempos sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica: la que dirigirá el Defensor del Pueblo en todo el Estado tras el encargo recibido del Congreso, la recién aprobada comisión en el Parlament de Catalunya y la auditoría que los propios obispos han pedido al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo. 

Reunidos durante cinco días para estudiar esta y otras cuestiones, como la recepción de refugiados que huyen de la guerra en Ucrania y la objeción de conciencia frente a la eutanasia y el aborto, los obispos han vuelto a encender el ventilador y mirar hacia afuera ante los casos de pederastia. Tras ser una excepción en el ámbito europeo, donde se ha abordado mucho más a fondo esta lacra, la Iglesia española emprendió hace unos meses un camino distinto, al menos en teoría, al encomendar una investigación independiente al bufete y asegurar, como hizo el presidente de los obispos, Juan José Omella, que se abría una "nueva etapa” marcada por la intención de estar “cerca de las víctimas”. Ahora, en cambio, los prelados han recuperado sus posiciones tradicionales, basadas en minimizar los abusos en el clero y retratarse en parte como víctimas. 

Con un tono muy distinto al que suele emplear Omella, que siempre pide “perdón” a los damnificados, Argüello presentó a la Iglesia como un “chivo expiatorio” dentro de un fenómeno global, el de la pederastia, en el que los casos en el ámbito católico son, aseguró, una minoría. Frente a Omella, que a principios de abril abrió la puerta a que la CEE participara como miembro en la comisión del Defensor del Pueblo (“queremos saber primero cómo se organizará y que metodología empleará”, dijo el arzobispo de Barcelona en una entrevista con ‘El País’), el portavoz de los obispos dejó claro que un paso de este tipo no está sobre la mesa. 

Firme rechazo

El organismo aprobado por el Congreso con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, cuya conformación va con retraso y no se espera hasta dentro de unas semanas, supone una “decisión insólita”, ya que investigará solo los abusos cometidos “por un sector de la población”, señaló Argüello, obispo auxiliar de Valladolid.

“Nosotros desde el principio hemos manifestado que no íbamos a formar parte de esa comisión –continuó el portavoz, en clara contradicción con las palabras de Omella-. Queremos manifestar que nos parece que realizar una investigación sobre los abusos solo en la Iglesia, cuando de los 15.000 procedimientos abiertos por la Fiscalía solo 68 se refieren a la Iglesia, es una decisión sorprendente”. Eso sí, la Iglesia española, dejó claro su portavoz, colaborará con la comisión y abrirá los archivos diocesanos, aunque “se sobrevalora” lo que se puede encontrar en esos documentos.  

Ante las distintas iniciativas para esclarecer los abusos, Argüello concluyó: “No sé si estamos exagerando la cuestión y abriendo la posibilidad de revictimizar a las víctimas, que podrán ser llamadas por los distintos organismos. Debemos hacer una llamada a la colaboración y la prudencia”.