SANIDAD PENITENCIARIA

Precariedad en prisiones: menos de 600 enfermeras para una población de 46.468 internos

Contratos precarios, casos de intrusismo por la falta de médicos y un reglamento obsoleto (data de 1981) son algunas de las reclamaciones de un colectivo casi invisible

Precariedad en prisiones: menos de 600 enfermeras para una población de 46.468 internos.

Precariedad en prisiones: menos de 600 enfermeras para una población de 46.468 internos.

Nieves Salinas

Las enfermeras que trabajan en prisiones tienen contratos precarios y, además se enfrentan a posibles casos de intrusismo, ya que, cuando el médico no está -y en España es clamorosa la falta de facultativos en los centros penitenciarios- se ven obligadas a realizar funciones que no son de su competencia. Las cifras -con datos aportados a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, por el Consejo General de Enfermería (CGE) hablan de su precariedad e invisibilidad: son menos de 600 (en concreto, 580) para atender a una población reclusa que, con datos a 31 de diciembre de Instituciones Penitenciarias, estaba en un total de 46.468 internos. Además, se rigen por un reglamento totalmente obsoleto, que data de 1981.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se ha comprometido con el órgano colegial a modificar ese reglamento. Así se ha establecido en una reunión que han mantenido ambos organismos donde se ha puesto de manifiesto la situación profesional de la enfermería de prisiones. Un colectivo del que nadie habla. Lo primero, se ha reclamado la actualización de sus competencias reguladas ese obsoleto reglamento que no se adecúa a las que actualmente se establecen en la normativa derivada de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) que proclama la autonomía profesional, informa el CGE. El compromiso se llevará a cabo este año y regulará el marco de competencias de las enfermeras y les otorgará la cobertura jurídica que necesitan para no quedar "desamparadas".

Cuando el médico no está, la enfermera de guardia se enfrenta a actuaciones que, con el reglamento actual en la mano, podrían ser calificadas como intrusismo profesional

La sanidad penitenciaria se enfrenta a una preocupante carencia de profesionales en los próximos años. Con los últimos datos de los sindicatos -finales de 2022- hay 500 plazas disponibles y un 60% que están sin ocupar. Es decir, 300. Lo que, denuncian una vez más, arroja un panorama desolado. Especialmente preocupan las jubilaciones de médicos no reemplazados. O simplemente lo que sucede cuando el médico se encuentra ausente del centro, indica el CGE. Entonces, la enfermera de guardia se enfrenta a actuaciones que, con el reglamento actual en la mano, podrían ser calificadas como intrusismo profesional, añaden.

SEGURIDAD JURÍDICA

Con la modificación del reglamento, Instituciones Penitenciarias buscará soluciones "ante una situación que exige actuar sin más demora con el fin de evitar perjuicios para el sistema sanitario penitenciario y a los propios profesionales, que no solo merecen estar protegidos con seguridad jurídica respecto de sus actuaciones profesionales, sino también obtener el reconocimiento que corresponde a las funciones y cometidos que actualmente desempeñan", indican desde el CGE.

El reglamento penitenciario recoge unas competencias de hace 42 años que no se ajustan "para nada a la realidad" que viven las 600 enfermeras

Porque, el reglamento penitenciario recoge unas competencias de hace 42 años que no se ajustan "para nada a la realidad" que viven las menos de 600 enfermeras (en torno a 580, con datos aportados a este diario por el CGE) que trabajan en prisiones. La actualización se hará en base al documento marco aprobado mediante la Resolución 13/2019 en el seno de la organización colegial por la Asamblea General, donde figuran claramente las competencias que tienen en estos momentos en el ámbito de Instituciones Penitenciarias.

El CGE se ha quejado en repetidas ocasiones: sus compañeras de prisiones están totalmente "discriminadas" respecto a las que trabajan en un centro de salud u hospital

El secretario general de Instituciones Penitenciarias y su equipo "han trasladado un compromiso firme de actualizar ese reglamento", afirma Diego Ayuso, secretario general del CGE. De hecho, según las propias enfermeras han denunciado, ese reglamento es equiparable al de las entonces conocidas como ATS. El CGE se ha quejado en repetidas ocasiones: sus compañeras que ejercen en las prisiones están totalmente "discriminadas" respecto a las que trabajan, por ejemplo, en un centro de salud u hospital. Tienen restringidas ciertas actuaciones comunes en Enfermería y están subordinadas a otro profesional médico, en lugar de trabajar juntos y coordinados cada uno en su ámbito de actuación, subraya el órgano colegial.

Un colectivo invisible

El CGE ha querido dejar claro que este colectivo profesional se encuentra sufriendo contratos precarios y posibles casos de intrusismo, ya que realizan funciones que no son de su competencia. En la reunión con Instituciones Penitenciarias lo que pretendían era un compromiso para que actualizara sus competencias. Según Eusebio Espuela, enfermero del Centro Penitenciario de Valdemoro, Madrid III, representante del colectivo, entre las reivindicaciones figura también la revisión y determinación, con plena seguridad jurídica, de las funciones que pertenecen a otros profesionales sanitarios y que no pueden ser asumidas por enfermería "sin incurrir en posible intrusismo profesional".

"La situación actual dentro de prisiones es muy compleja por el déficit de médicos, que en nuestro caso es más agravado", indica el portavoz del colectivo

"La situación actual dentro de prisiones es muy compleja por el déficit de médicos, que en nuestro caso es más agravado. Para nosotros resulta fundamental, primero, un respaldo legal de nuestro trabajo que estaría recogido en esas competencias. Y, por otro lado que se actualicen los complementos que se han quedado desfasados y que no corresponden para nada a la situación que vivimos dentro de los centros penitenciarios", concluye Espuela.

El CGE lleva años pidiendo abordar sus condiciones de trabajo "ante la urgente necesidad de afrontar una situación preocupante"

En enero de 2019, la organización colegial ya remitió al Ministerio de Interior un escrito exponiendo la situación de este colectivo del que no se recibió respuesta y por el que instaron nuevamente al ministro en otro escrito en febrero de 2020. Tras una primera respuesta "con buen talante, pero sin soluciones a los problemas expuestos", el CGE, ante la insistencia lógica de las afectadas, "ha optado por dirigirse de nuevo ante la urgente necesidad de afrontar una situación preocupante y ante el bloqueo funcional que se puede llegar a producir sin un abordaje real de los problemas manifestados".