El Parlamento Europeo respalda sin fisuras el fin del "blanqueo ecológico" de las etiquetas engañosas

El pleno del Parlamento Europeo ha secundado este jueves prácticamente sin fisuras -544 votos a favor, 18 en contra y 17 abstenciones- el proyecto de ley presentado a finales de marzo por la Comisión Europea para terminar con el "blanqueo ecológico" en las etiquetas verdes engañosas y reforzar el derecho de reparación de los consumidores por encima del derecho de sustitución con el objetivo de lograr que haya productos más sostenibles y duraderos en el mercado europeo. “La industria va a dejar de sacar provecho de hacer que las cosas se rompan en cuanto acaba el plazo de garantía” y “desaparecerá la jungla de reclamos sobre supuestas bondades ambientales, ya que solo se permitirán afirmaciones certificadas y fundadas”, ha destacado la eurodiputada croata Biljana Borzan.

Con el aval de la Eurocámara las negociaciones interinstitucionales ya tienen el camino despejado. El Consejo aprobó su propio mandato el pasado 3 de mayo, con lo que los negociadores de ambas instituciones -Consejo y Eurocámara- ya tienen vía libre para empezar a negociar el contenido de la nueva directiva que forma parte del paquete sobre economía circular propuesto por Bruselas. Al igual que el Ejecutivo comunitario, el Parlamento Europeo es partidario de prohibir reclamos generales como “respetuoso con el medio ambiente”, “natural”, “biodegradable”, “climáticamente neutro” o “ecológico” si no están respaldados por pruebas específicas. 

Prohibir reclamos

También es partidario de prohibir todo tipo de reclamos ecológicos, basadas únicamente en sistemas de compensación de carbono, y otras prácticas engañosas, como hacer afirmaciones sobre un producto si solo son ciertas sobre una parte del mismo, o decir que durará un cierto periodo de tiempo, o que puede usarse con cierta intensidad, cuando esto no sea verdad. Además, para simplificar la información sobre los productos, los eurodiputados apoyan que solo se usen ecoetiquetas que tengan detrás unos sistemas de certificación oficial o que estén respaldados por la Administración.

En cuanto a las medidas para obligar a los fabricantes a reforzar la reparación de productos y hacerlos más duraderos, los eurodiputados reniegan de los productos diseñados con características que reducen de entrada su vida útil o que provocan un mal funcionamiento prematuro. Además, los eurodiputados quieren que la nueva normativa prohíba que los fabricantes limiten el funcionamiento de un producto cuando se utiliza con consumibles, piezas de repuesto o accesorios (como cargadores o cartuchos de tinta) fabricados por otras empresas. Es decir, un producto comercializado en la UE debe poder funcionar correctamente con piezas de repuesto y consumibles de otro fabricante.

Mejor información

Los fabricantes también tendrán que ofrecer mejor información a los consumidores. Por ejemplo, para incentivar la compra de productos más duraderos y reparables, los consumidores deben saber primero si pueden o no repararse y de qué manera.

Los eurodiputados proponen además añadir un nuevo etiquetado en relación con la garantía, que indique no solo la duración de la garantía legal obligatoria sino también la de las posibles ampliaciones ofrecidas por los fabricantes. Según argumentan los eurodiputados, este tipo de etiquetado permitiría destacar los productos de calidad y sería un incentivo para las empresas a la hora de ofrecer durabilidad.

Según alegaba la Comisión en su propuesta, reduciendo los productos desechados, la UE podría ahorrar 18,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, 1,8 millones de toneladas de recursos y 3 millones de toneladas de residuos en un plazo de 15 años. Además, calcula que los vendedores y productores ahorrarán unos 15.600 millones de euros en los próximos 15 años al reparar los productos en lugar de sustituirlos gratuitamente con la garantía legal y los consumidores unos 176.500 millones de euros en el mismo periodo.