De los bulos en redes sociales a la negación de servicios: la Fundación Secretariado Gitano denuncia 384 casos de discriminación

La Fundación Secretariado Gitano lleva dos décadas documentando miles de casos de discriminación. En concreto, 4.608. Veinte años después de la publicación del primer informe, han vuelto a presentar uno en el que se indica que en el año 2023 han recogido y atendido 384: 136 en redes sociales, 63 en medios de comunicación, 28 en vivienda, 26 en el ámbito educativo, 32 en el laboral, nueve en salud, 11 en el ámbito de servicios policiales y 65 casos de denegación de acceso a bienes y servicios por motivos discriminatorios, entre otros.

Las y los autores han visto hasta qué punto "el discurso de odio antigitano sigue siendo muy frecuente en redes sociales". También resaltan aquellos sobre estereotipos de las personas gitanas. "O bulos y fake news que intentan criminalizar o dar una mala imagen al pueblo gitano". Mensajes como "¿Por qué no está muerto todo el clan ya?", o "Cada vez que pasa esto se les debería tirotear como la manada de salvajes que son" son algunos de los que recogen en el trabajo.

Por su parte, la mayoría de los 63 casos que han encontrado en los medios de comunicación son noticias donde se menciona la etnia de las personas en sucesos de violencia, delincuencia o criminalidad pese a que, "cuando no es relevante para comprender la noticia, va contra los códigos deontológicos de los propios medios".

Otros han tenido que ver con "comentarios antigitanos vertidos en programas de televisión" vertidos por periodistas, comentaristas, invitados o personas expertas" al comentar noticias protagonizadas presuntamente por personas gitanas".

También han atendido 65 casos que se han dado en restaurantes, bares, discotecas, piscinas u otros centros de ocio donde se ha impedido acceder a personas gitanas únicamente por su apariencia étnica. "Un caso muy frecuente de este tipo se da en la vigilancia excesiva a las mujeres gitanas en los centros comerciales y supermercados, donde guardas de seguridad vigilan estrechamente a estas mujeres, o les acusan de haber robado. Se trata de casos de discriminación interseccional (dado que se da sobre todo contra las mujeres), que crean gran malestar, sentimiento de humillación y acoso", apuntan.

En otros 28 casos, la discriminación tuvo que ver con la vivienda. O bien algunas inmobiliarias o propietarios se han negado a vender o alquilar su piso a una persona gitana, o bien ha habido muestras de hostilidad en los edificios en los que vivían. "También se dan casos de desalojos o desahucios de familias gitanas, sin cumplir con los requisitos de respeto o los derechos humanos en este tipo de situaciones".

Más concienciación, pero no tantas denuncias

Por lo general, explican, hay una mayor concienciación de las víctimas a la hora de denunciar los casos. "Muchas personas gitanas entienden que estos casos son actos discriminatorios antigitanos que violan sus derechos y atacan su dignidad humana", explican. Desean exponer lo que les ha ocurrido y buscan apoyo, pero, al mismo tiempo, muchos optan por no realizar ninguna acción de queja o denuncia.

"Sigue habiendo cierta desconfianza en las autoridades y las instituciones del Estado a la hora de llevar a cabo acciones de denuncia o de iniciar procedimientos judiciales", aseguran. Otras veces es por temor a tener problemas con la persona o la empresa responsable de la discriminación, posibles consecuencias negativas en el futuro, o lo que ocurre es que gana cansancio "ante la complejidad o lentitud de ciertos procedimientos". "Incluso por la percepción de impunidad en los casos de discriminación antigitana, situación que representa un grave obstáculo en el acceso a la justicia", añaden.

Ámbito educativo y laboral

También han comprobado que las mujeres gitanas se enfrentan a barreras sociales "muy complejas", que necesitan "una atención y acompañamiento especializados". "Por otro lado, es relevante y alarmante los casos de discriminación interseccional antigitana en los y las niñas, adolescentes y las personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito de la educación", destacan.

Cuentan un caso ocurrido en Navarra, donde una joven gitana se dispuso a convalidar un certificado a través de su experiencia laboral. "Para ello, necesitó someterse a una evaluación, y en la última fase para obtener el certificado, recibió comentarios antigitanos por parte de dos de los examinadores. Le preguntaron: '¿Eres de tribu gitana?'. También añadieron: 'Es que los gitanos queréis coger las cosas muy fáciles'".

La joven dijo que esos comentarios le hacían sentirse incómoda. Pero, según relatan, el examinador le contestó que eso era su valoración y que él tenía que hacer esas preguntas.

Ella "no pudo certificar su experiencia laboral, sin que se hiciera constar el motivo del suspenso. Sin embargo, había pasado todas las pruebas y había respondido a todas las preguntas. El resto de sus compañeras obtuvieron el certificado. Ella era la única gitana". La Fundación asesoró a la joven para solicitar una revisión de la evaluación por no ser objetiva. Al no concedérsele, presentaron un recurso de alzada en el que "se argumentaron las preguntas sesgadas y antigitanas de los evaluadores". El resultado fue positivo: en la resolución se concedió la habilitación a la chica.

Hay casos parecidos entre los 32 que han detectado en el ámbito laboral. Como el empleado gitano de un restaurante que aguantó comentarios de la jefa del tipo: "Tienes que leer más y aplicarte en los estudios, en vez de sentarte con primos a tomar litronas y tocar la guitarra". Le acabó despidiendo, pero, tras el juicio, la sentencia dictó que era un despido nulo. Recibió una indemnización de 7.501 euros.

En salud, explican cómo un trabajador que sufrió un accidente laboral, fracturándose un dedo de la mano, visitó al médico de la mutua, que no le quiso dar la baja. Pensó que era por autoidentificarse como gitano. Su jefe corroboró que todo era cómo lo estaba contando él.

En cuanto al ámbito de servicios policiales, recuerdan a la mujer gitana rumana que, al salir del tren, fue retenida por la Guardia Civil que alegaba que era sospechosa de robo por portar muchas joyas. Los agentes, tras entender que ella se sintiera discriminada por la detención -tenía facturas de las joyas, compradas de segunda mano- la llamaron para disculparse.