El Gobierno excluye a Canarias de sus planes para aplicar el pacto migratorio

El Gobierno de España deja a Canarias fuera de sus planes para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, a pesar de que el Archipiélago es una de las principales puertas de entrada de migrantes irregulares a Europa. Los ministerios de Interior y Migraciones remitieron a Bruselas la semana pasada el plan nacional para adaptar la nueva política migratoria de la UE a las necesidades de España sin informar a los gobiernos autonómicos sobre las iniciativas que pretenden impulsar y que pueden incluir medidas como la creación de centros de retención de migrantes en las Islas. En enero, la Representación Permanente de España ante la UE convocó a los representantes de las oficinas y delegaciones de las comunidades autónomas españolas para exponer los puntos claves del pacto migratorio, pero ahora no se ha facilitado ningún dato sobre el paquete legislativo que plantea el Estado y que tendrá que ser aplicable a partir de junio de 2026.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una carta dirigida al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señala que "en breve" se iniciarán las reformas normativas que requiere el plan nacional y sostiene que se llevarán a cabo "con las máximas garantías de audiencia y participación, tanto administrativa como pública", con el objetivo de contar con "todas las aportaciones posibles" para adoptar una legislación acorde con las exigencias del pacto europeo. El Ministerio de Interior aclara que el documento entregado en Bruselas "no es estático ni definitivo, sino que está sujeto a desarrollos, adaptaciones y mejoras posteriores hasta su entrada en vigor".

Sin participación

El Ministerio, además, defiende que su hoja de ruta "no retrocede en garantías jurídicas ni en derechos". El Ejecutivo de Sánchez no solo ha dejado al margen de la elaboración del plan nacional a las autonomías, sino que tampoco ha contado con las organizaciones que trabajan a diario con migrantes y refugiados. Precisamente, esta unilateralidad a la hora de preparar el paquete normativo ha suscitado inseguridad en el resto de actores que tendrán que participar en su aplicación.

Fuentes de Interior aseguran que España ha optado por "trabajar de manera flexible", apoyándose fundamentalmente en "medidas alternativas al internamiento", que tendrá un plazo máximo de 72 horas -como en la actualidad- y se seguirá sometiendo a autorización y supervisión judicial. Solicitado por parte de este periódico el texto íntegro del plan nacional, Interior ha denegado el acceso al archivo alegando que no es un documento público pero, tal y como ha adelantado El País, se insiste en la necesidad de incrementar la plantilla de la Policía Nacional y de la Oficina de Asilo, además de requerir más intérpretes.

De dos años a 12 semanas

España tendrá que elaborar una nueva norma de asilo -la actual es de 2009- que se ajuste a las exigencias del pacto europeo que, principalmente, busca acabar con el fraude en el sistema de asilo, acelerar la resolución de los expedientes y expulsar lo antes posible a quienes se les deniegue la protección internacional. La UE, además de unificar la política migratoria de los Veintisiete, pretende concentrar en los territorios frontera, entre los que se encuentra Canarias, la gestión de los trámites que conlleva la entrada irregular de extranjeros.

El objetivo es clasificar lo más rápido posible a quienes pueden tener derecho a permanecer en territorio europeo como refugiado y a quienes deben ser expulsados. Para esto, la nueva normativa señala que los expedientes que se abren en la frontera se resuelvan en un plazo máximo de 12 semanas -seis meses para los formalizados dentro del territorio-, incluyendo los posibles recursos, que también se acortarán por ley. Actualmente, este proceso se puede prolongar dos años hasta que las autoridades dan una respuesta a los solicitantes, periodo durante el que los interesados permanecen en territorio español. El plan nacional recoge que se trabajará en las órdenes de retorno a la vez que se estudian las solicitudes de asilo para que, en caso de ser denegada la protección internacional, el migrante sea devuelto lo antes posible.