España necesita 35.000 nuevas plazas residenciales para dependencias severas y grandes dependientes

España envejece. Las situaciones de dependencia y la necesidad de cuidados de larga duración hacen que las residencias se vuelvan indispensables para un porcentaje importante de la población. Sin embargo, los datos publicados por IMSERSO indican un retroceso del sector, tanto en el número absoluto de plazas como en el índice de cobertura, el más bajo desde 2010.

Así lo expone la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que este martes ha presentado los últimos datos disponibles sobre la situación y la evolución de los servicios residenciales en España. En un informe, explican que, según "la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias al menos 35.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III)".

En total, la ocupación de plazas residenciales alcanza el 84,1%, con unas 332.431 personas usuarias. Sin embargo, recalcan que el déficit de plazas sigue aumentando: si en 2014 faltaban 53.103 para cubrir la ratio del 5% para personas mayores de 65 años, en el último año alcanza las 89.324.

Diferencias entre comunidades autónomas

Las comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía (35.857) y la Comunidad Valencia (24.801). Entre las dos suponen más de las tres cuartas partes del déficit (67,9%).

Solo en seis comunidades sigue habiendo un exceso de plazas. Destacan Castilla y León, con 17.234. Le siguen Castilla-La Mancha (7.072), Aragón (4.859), Extremadura (4.096), Asturias (1.237) y La Rioja (408). La asociación destaca que esta última, junto a Navarra y Cantabria, son las Comunidades con mayor equilibrio en su ratio de plazas por personas mayores de 65 años.

Financiación pública

Otra cuestión que destacan es que siete de cada diez (69,6%) de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 275.094, frente a las 119.971 exclusivamente privadas. Es un porcentaje que ha aumentado ligeramente desde 2015, hasta alcanzar 2,84 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha.

Las plazas de financiación pública son aquellas que están en centros públicos, pero también las plazas concertadas en centros privados, y las que se financian con la prestación vinculada al servicio.

Las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana son las que menos.

Problemas con la desinstitucionalización

En 2023, el Ministerio de Derechos Sociales planteó con las comunidades autónomas una estrategia de desinstitucionalización. El objetivo es que las personas dependientes puedan permanecer en sus hogares, lo que a su vez reduciría la necesidad de plazas residenciales.

Esto se complementaría con la humanización de los centros con un nuevo modelo residencial, en línea con la propuesta del nuevo modelo residencial que plantea la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

"Sin embargo, no se han dado pasos decididos en esta estratégica, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio, que se mantiene prácticamente igual que el año anterior", exponen.

En ese sentido, explican que la cobertura del servicio en 2023 se mantiene al 5,5%, solo seis décimas más que en el año previo a la pandemia. "Por otra parte, la media de horas de atención y cuidados solo alcanza 21,1 horas mensuales, el mismo número que en el año 2012. Estos datos tan pobres y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en prejuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres", aseguran.