CSIF pide a la Fiscalía que investigue la cancelación de asistencia sanitaria a los funcionarios por parte de Muface

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que investigue las quejas de "centenares de mutualistas" de Muface, que, denuncia, "han visto cómo sus peticiones de asistencia sanitaria han sido rechazadas en los últimos meses por parte de las compañías aseguradoras DKV, Adeslas y ASISA". El objetivo es determinar "posibles responsabilidades penales tanto de las compañías como de las personas físicas que pudieran ser autores o partícipes en los hechos denunciados".

El escrito presentado por CSIF recuerda que ha recibido diariamente, desde octubre, "centenares de quejas de mutualistas a quienes les han sido denegadas la realización de pruebas médicas, así como anulación de citas e intervenciones quirúrgicas, lo que está provocando problemas de salud mental y físicos tanto en los mutualistas como en sus familias".

Salud pública

Censuran que "la injustificada negativa de las aseguradoras constituye un problema de salud pública por sí mismo" y por el número de personas afectadas (aproximadamente 1,5 millones entre mutualistas y beneficiarios)". En este sentido, la denuncia presentada por CSIF ante la Fiscalía General subraya que "en ningún caso, una cuestión puramente económica -la no renovación del actual concierto- puede justificar la desatención en materia del derecho fundamental a la protección a la salud", por lo que instan a que investigue para determinar las posibles responsabilidades penales de las aseguradoras.

Mientras tanto, el sindicato asegura que sigue "recibiendo quejas diariamente por parte de los mutualistas en toda España ante la falta de un acuerdo definitivo entre Gobierno y aseguradoras para el nuevo concierto de Muface". Por este motivo, mantiene la jornada de huelga para este jueves, 13 de febrero, a la que están convocados más de medio millón de funcionarios de todo el país en diferentes ámbitos: personal docente, centros de la Administración General del Estado y personal funcionario de Correos.

Riesgo en la atención

CSIF señala en un comunicado que, en las últimas semanas, ha intensificado la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos para promover un acuerdo, "reclamando a unos y a otros responsabilidad ante una situación que pone en riesgo la atención sanitaria de 1,5 millones de personas".

La convocatoria de huelga afecta a más de medio millón de personal funcionario de toda España en diferentes ámbitos: personal docente (tanto universitario como no universitario), centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y al personal funcionario de Correos. Los funcionarios de Policía también se ven concernidos, aunque no tienen reconocido el derecho a la huelga, precisa CSIF. JUPOL, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, apoya la convocatoria, concluyen.