La consulta sobre el valenciano "rompe la paz" y "enfrenta a las familias"

Pese a que Educación defiende la "libertad de elección", lo cierto es que la consulta base por la lengua está enfrentando a las familias de los colegios de la Comunitat Valenciana. La decisión sobre si los progenitores prefieren el castellano o el valenciano como lengua vehicular en la enseñanza, cuya votación comenzará el próximo 25 de febrero, si no lo impide la vía judicial, está generando un clima de tensión en las escuelas. "Las familias se están enfrentando entre ellas -, asegura la presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria (Adep-PV), Isabel Moreno- y se están alterando las relaciones y la paz entre ellas". Ayer se hizo público el censo provisional de cada centro y se podrán presentar reclamaciones hasta el próximo viernes.  

La portavoz de los directores reconoce que esta "ley sin consenso" ha generado "un problema donde no lo había" porque, hasta ahora, era el consejo escolar de cada centro quien decidía el porcentaje atribuido a cada lengua, dentro del modelo del plurilingüismo implantado por el Botànic. Ahora, la consulta y su resolución impedirá "garantizar la elección de las familias"; sobre todo, en centros de una sola aula por curso, aunque el Consell asegura que se estudiará caso por caso. La elección está haciendo que se "pierda el buen clima" en las escuelas. Se están "produciendo discusiones entre las familias y eso me pone muy triste -, reconoce Moreno-. Perder el buen ambiente, nos preocupa mucho".

El Congreso permite ya a los grupos registrar iniciativas en las lenguas oficiales sin necesidad de una versión en castellano

Campaña y presiones

La votación está comenzando a tomar cierto aire de campaña electoral, con enfrentamientos entre ambas partes y con acusaciones mutuas sobre presiones para influir en la decisión del voto. La entidad Escuelas de Todos expresa, en un comunicado, que muchas familias se han puesto en contacto para denuncia la "presión casi asfixiante" por parte de las Famílies pel Valencià. Y, por su parte, desde el Stepv, Marc Candela alega la "presión" ejercida por el gobierno valenciano al haber aprobado una "ley absurda, vacía de competencias y autonomía, en los centros" y defiende el derecho de la "comunidad educativa a manifestarse en la línea que consideren". "Eso se llama democracia", puntualiza Candela.

Al respecto, fuentes del departamento de José Antonio Rovira indican la necesidad de los centros de "no posicionarse" porque cada familia debe "ser libre de elegir una u otra lengua". Explican que si les llega "un aviso" de la postura de algún centro -"saltándose así la normativa", inciden-, se procederá a enviar una petición "para reconducir la situación y ser neutrales" por parte de la Inspección Educativa.

A nadie se le escapa que, más allá de la resolución para las familias con sus importantes consecuencias, fue la propia Generalitat Valenciana quien le inyectó el aura de elección determinante con la presentación de la consulta en el propio Palau de la Generalitat, a cargo del propio president Carlos Mazón.

Resolución judicial

La consulta acumula ya tres peticiones de suspensión cautelarísima ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La tercera la ha presentado Compromís, después de las interpuestas por Acció Cultural y UGT, como anunció ayer la formación. El recurso —lo interponen de forma individual con el apoyo de las familias, padres y madres de la formación, por lo que creen que "nos legitima a presentarlo"— se basa en la existencia de "cuestiones formales" como la imposibilidad de conjugar este proceso con la matriculación normal. "Como todo en este gobierno, se ha presentado tarde y mal", defienden y añaden: "La consulta generará un caos burocrático en los centros".

La realización de la consulta depende de la decisión del Alto Tribunal. El pasado jueves desestimó aceptar la suspensión presentada por Acció Cultural, pero se tiene que pronunciar sobre las otras dos. Ese mismo día, el TSJ pidió información a Educación sobre la consulta, quien confirma que responderá antes del miércoles, día límite, a través de la Abogacía de la Generalitat.