El Gobierno pone coto a la prescripción de psicofármacos y a los ingresos psiquiátricos

El Ministerio de Sanidad apuesta por un cambio a fondo del actual modelo de salud mental y apuesta claramente por una asistencia basada en los derechos del paciente, que limite el uso del medicamento y evita los ingresos. Y es que, según el Ministerio, "la salud mental afecta en gran medida a muchos ámbitos políticos, como el empleo, la educación, la investigación". Así consta en el Plan de acción de Salud mental 2025-27 y que es el fruto del la estrategia global presentada recientemente y que las comunidades autónomas del PP rechazaron pero que ha sido acogido positivamente por casi todas las sociedades científicas y colegios profesionales del sector.

La salud mental afecta a muchos ámbitos políticos, como el empleo, la educación (...) la cultura, el medio ambiente y el clima

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Más personal

El primer objetivo del plan, de acuerdo con las evidentes carencias de profesionales de salud mental, es "reforzar los recursos humanos". El reto concretamente es planificar la oferta de formación especializada en psiquiatría, psiquiatría infantojuvenil, psicología y enfermería especializadas en salud mental de acuerdo con las necesidades consensuadas con las autonomías. Es decir, impulsar la oferta de plazas para "responder a las necesidades de atención a la población". El objetivo concreto es cubrir el 90 por ciento de plazas.

Se promueven campañas a la población general y los profesionales en materia de uso adecuado de psicofármacos

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El Gobierno quiere también regular e impulsar el acceso a la formación en psicoterapia, en psicología clínica y potenciar el llamado 'peer to peer', el apoyo entre pares (personas que han pasado por un trastorno que con su experiencia ayudan a otras que están en tratamiento). El objetivo es que al menos el 80% de las autonomías incorporen esta figura.

Alternativas al ingreso psiquiátrico

El segundo de los propósitos es evitar ingresos. Y se pide que el 80% de autonomías dediquen recursos a "promover modelos alternativos" en episodios de crisis de salud mental, "potenciar la atención domiciliaria, hospitalización parcial, casas de crisis" entre otras. Se busca potenciar la permanencia en la vivienda con más recursos para evitar la carga familiar.

El Ministerio trata de orientar el actual sistema sanitario a "un modelo más comunitario" mediante alternativas al ingreso psiquiátrico y que priorice la "prescripción social o recomendación de activos en salud", es decir, prescribir aacciones psicosociales en lugar de la prescripción farmacológica. Para ello, el Gobierno se propone hacer un estudio integral "para la prevención de la institucionalización en salud mental", que analice las leyes actuales, las trayectorias asistenciales, los recursos humanos y económicos que son necesarios para este cambio.

Se apuesta por abordar problemas de salud relacionados con factores sociales, emocionales o de estilo de vida

Se apuesta por "las formas de atención comunitarias", es decir, las que relacionan al paciente con su entorno social. En este sentido se va a priorizar la llamada prescripción social: que los sanitarios deriven a los pacientes a servicios sociales, de su entorno, cuando se trate de "abordar problemas de salud relacionados con factores sociales, emocionales o de estilo de vida".

El documento propone reformas estructurales en los servicios de urgencias que faciliten la prevención de intervenciones coercitivas y mejoren la accesibilidad y el bienestar de las personas que se encuentran en una situación de crisis", para lo cual apuesta por reformar los servicios de urgencia paragarantizarr "el derecho a la intimidad del paciente".

Derechos humanos: sin atar

El Plan habla abiertamente de las polémicas "contenciones mecánicas" que se practican a personas en situación de crisis: "Fomentar el conocimiento y el empleo de modelos dirigidos a reducir/eliminar cualquier forma de contención, mecánica y farmacológica".

Fomentar el conocimiento y el empleo de modelos dirigidos a reducir/eliminar cualquier forma de contención, mecánica y farmacológica

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El Gobierno refuerza la idea de orientar la salud mental de acuerdo con las necesidades del paciente, por eso habla de "proteger los humanos, la autonomía personal y la eliminación del estigma asociado a los problemas de salud mental". También se proponen cambios normativos para "reducir las intervenciones involuntarias", es decir, las que se hacen contra la voluntad del paciente con contenciones mecánicas o con medicación.

Uso racional de fármacos: promover alternativas

Uno de los objetivos clave es el de hacer "un uso racional de psicofármacos" y garantizar la calidad de los tratamientos y que la prescripción sea segura. Para ello se van a hacer campañas de sensibilización para "la población general y los profesionales santarios en materia de uso adecuado de psicofármacos y promoción de alternativas" de tipo psicoterapéutico o cocomunitario que se basen en evidencia científica.

Además se va a crear un grupo de expertos independiente que elaborará recomendaciones y evaluará riesgos y beneficios de las alternativas. Sin embargo, el plan no fija cifras de reducción de psicofármacos aunque sí habla de "deprescripción", es decir, de reducción de la cifra, que es la más alta de la UE en algunos aspectos.