El Gobierno envía un requerimiento Aragón para que facilite los datos de los cribados

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes el envío de un requerimiento a las comunidades del PP, entre ellas Aragón, para que faciliten de forma "inmediata" los datos de los cribados de cáncer de mama, que se negaron a entregar al Ministerio de Sanidad tras los fallos detectados en Andalucía.

Si las autonomías no contestan al requerimiento en el plazo de un mes, el Gobierno presentará un recurso contencioso-administrativo para tratar de obligarlas porque "los datos de los programas de cribado no son de los gobiernos, pertenecen a los ciudadanos", según ha argumentado García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo está obligado a "defender el derecho de la población a la prevención de la salud" y, a su juicio, es competencia gubernamental disponer de datos homogéneos y actualizados que permitan evaluar la efectividad de dichos cribados en el conjunto del territorio. El Gobierno basa su actuación en varias leyes que atribuyen al Ministerio de Sanidad competencias en coordinación, evaluación y vigilancia de salud pública. "Y la ley se cumple y punto", ha defendido, en tono tajante, la ministra.

Hasta ahora, las autonomías gobernadas por el PP se han negado a remitir sus indicadores alegando que los programas de cribado son competencia exclusiva de las administraciones territoriales y que García les pidió la información para acrecentar la "confrontación política" una vez se tuvo conocimiento de que Andalucía no avisó a más de 2.000 mujeres que tenían un resultado radiológico no concluyente en sus cribados de que debían someterse a un segundo 'screening' para confirmar o descartar que padecieran cáncer de mama.

Por su parte, Aragón ha explicado en ocasiones anteriores que mandará los datos "cuando el Ministerio de Sanidad haya hecho su trabajo". Su negativa llega porque, dicen, el ministerio "ha incumplido uno de los principales puntos que le compete, que es la plataforma donde volcar los datos".

Así, desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón han tilado de "cuestionable" el requerimiento de la ministra García, y han afirmado que la misma "ha oblciado los criterios establecidos en los foros que mantienen sus técncios con las comunidades autónomas, a las que debe lealtad institucional, respeto profesional y rigor técnico, como los definidos por la ponencia de cribado".

Según han indicado, en la solicitud de los datos de los cribados de hace unas semanas, la ministra pidió unos indicadores mientras ahora, en el requerimiento anunciado, señala que si estos no están disponibles en su totalidad se remitan los resultados de aquellos que sí lo estén o de los que se emplean para la evaluación de estos programas en Aragón. "Es decir, lo que tengamos' o lo avanzado ya en los grupos de trabajo", han puntualizado.

En la misma línea crítica, han señalado que esta actitud de la ministra "refleja falta de planificación estratégica y una tendencia a la improvisación administrativa" ya que, han añadido, "solicitar datos a todas las comunidades antes de finalizar el trabajo técnico para configurar el sistema de información transmite una ambigüedad que puede generar confusión entre los equipos técnicos". Asimismo, sostienen que no se especifica qué indicadores son prioritarios ni qué criterios deben seguirse para seleccionar los datos.

Desde el departamento de Sanidad de Aragón inciden en que ya hay creada una Red de Cribados de Cáncer cuyos datos e indicadores son públicos y, por tanto, puede acceder a ellos el ministerio que lidera García. Por eso, consideran que la solicitud es "precipitada" y puede generar "una percepción errónea sobre la transparencia y el compromiso" de las comunidades. "Aragón ha enviado siempre los datos requeridos y los ha volcado de forma transparente en la red de cribados", han afirmado.

El requerimiento

Pocos días después de que estallara el escándalo de Andalucía, García pidió a todas las comunidades que remitieran a Sanidad los indicadores de los cribados de los programas de cáncer de mama, colon y cérvix, de los últimos cinco años, con el argumento de que el problema de Andalucía podía ser solo la "punta del iceberg".

Las comunidades además acusaron a García de tratar de "fiscalizar y 'manosear'" de forma maliciosa su trabajo con un objetivo de "confrontación política". Sin embargo, García considera que la ley "determina que los datos no son de las comunidades, sino de la ciudadanía", por eso lleva tiempo advirtiendo de que utilizaría "todos los mecanismos disponibles" para obligar a las autonomías 'díscolas' a que compartan con Sanidad sus datos. El resto de comunidades o bien han enviado ya los datos, o bien han mostrado su voluntad de hacerlo en los próximos días.

La vía elegida por Sanidad ha sido la del requerimiento, la misma fórmula que escogió el Ejecutivo para tratar de obligar a varias comunidades -Madrid, Aragón y Baleares- a que cumplan con la obligación legal de crear un registro de objetores al aborto. De hecho, este martes García a recordado a Isabel García Ayuso, la única presidenta autonómica que ha dicho que no creará el registro, que solo le quedan 15 días para responder al requerimiento.

"Transparencia o deslealtad"

Asimismo, ha pedido a Andalucía que "abandone la soberbia, la omisión del deber y asuma su responsabilidad" con los cribados porque cuando falla un programa de prevención, "no se pierden los datos, sino la posibilidad de proteger a las mujeres". Además, ha pedido al PP que abandone el "modelo de gestión de crisis basado en el desprecio a las víctimas, las mentiras y los ataques".

"Tienen que decidir si están del lado de la transparencia", y entregan los datos de los cribados, o "están del lado de la deslealtad institucional [...] fallando a los ciudadanos y poniendo en riesgo la confianza en el sistema de salud", ha concluido.

Los datos pedidos por Sanidad se basan en el documento de consenso aprobado por unanimidad el pasado abril por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que establece los objetivos, indicadores y criterios técnicos necesarios para la evaluación de los programas de cribado. Se han pedido datos para conocer la cobertura, la participación, los resultados y los tiempos de respuesta.