Buenas noticias para los trabajadores: la UE cambia las normas y pide a España crear el 'despido restaurativo'

Cuando un trabajador es despedido de modo improcedente en España, la norma general establece una indemnización de 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Sin embargo, este sistema podría cambiar próximamente. La Comisión Europea ha reclamado al Gobierno español la implantación del llamado despido restaurativo, un concepto inédito en nuestro ordenamiento jurídico que podría afectar a millones de empleados.

¿En qué consiste el despido restaurativo?

El despido restaurativo no supone la creación de una nueva figura legal ni implica una reforma radical de la normativa laboral. Se trata, más bien, de una exigencia formal de Bruselas para adaptar el sistema español a los estándares europeos. Su planteamiento central es sustituir el actual cálculo automático de la indemnización —los citados 33 días por año— por un modelo que tenga en cuenta el daño real sufrido por el trabajador.

La Unión Europea considera que en España “sale barato despedir” y pide reforzar el carácter disuasorio de la indemnización para las empresas, al tiempo que incrementa su capacidad restaurativa para los trabajadores.

Este nuevo enfoque incorporaría, además de la compensación económica, los daños y perjuicios ocasionados por el despido. Entre los factores que se valorarían figuran:

• Edad del trabajador.
• Capacidad real de recolocación.
• Situación económica.
• Impacto emocional.
• Circunstancias en las que se produjo el despido.
• Dificultad para volver al mercado laboral.

En esencia, dejaría de abonarse la misma indemnización a todos los trabajadores para pasar a reconocer una compensación ajustada al perjuicio individual.

Además, Bruselas persigue que España adapte su sistema al artículo 24 de la Carta Social Europea, que reconoce el derecho de los trabajadores a una protección real y efectiva en caso de despido.

Cómo podría cambiar el despido en España

Aunque la reforma todavía no está definida, sí se esboza el rumbo que podría tomar el sistema español. El primer gran cambio sería la implantación de indemnizaciones flexibles, alejadas del cálculo rígido actual. Cada caso se valoraría de manera individual para fijar la compensación correspondiente.

Asimismo, se prevé una mayor intervención judicial. Los jueces dispondrían de un margen más amplio para graduar la indemnización según las características personales y profesionales del afectado.

Otro efecto previsible sería el endurecimiento del despido sin causa, ya que, si la indemnización refleja el daño real, las empresas tendrían más incentivos para justificar adecuadamente sus decisiones y evitar riesgos económicos.

En un mercado laboral con poca estabilidad y alta rotación, este cambio afectaría de lleno a millones de empleados y a miles de empresas en nuestro país. Lo que ocurra en los próximos meses definirá cómo —y a qué precio— se podrá despedir en España en el futuro inmediato.