La Fiscalía y la acusación particular han solicitado este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que desestime la petición de nulidad de las escuchas telefónicas interesada por las defensas de los cuatro acusados del asesinato del concejal de IU de Llanes Javier Ardines, en agosto de 2018, al negar que se vulneraran sus derechos fundamentales.
La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha acogido hoy la vista oral de los recursos de apelación de las defensas frente al auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que, el pasado mes de febrero, denegó la nulidad de las escuchas.
La fiscal ha negado que hubiera presiones de la Guardia Civil para que los acusados se autoinculparan y ha considerado que el auto de la jueza de Llanes por el que se decretó la incomunicación de los procesados era procedente.
La acusación pública ha indicado que existían numerosas pruebas contra los acusados sobre su participación en el asesinato y ha dicho que los abogados defensores pretenden suplir el silencio inicial durante la fase de instrucción con la petición de nulidad durante la fase de cuestiones previas al juicio con jurado que se celebrará a partir del próximo 6 de septiembre.
Por esta causa están procesados Pedro Luis N.A. como presunto inductor intelectual; Jesús M.B., como supuesto intermediario; y los ciudadanos argelinos Djillali B. y Maamar K., que están considerados en el procedimiento como presuntos sicarios.
Según las acusaciones, el concejal falleció el 16 de agosto de 2018 a causa de las lesiones provocadas por los presuntos sicarios, "siguiendo un plan preconcebido" conforme a las indicaciones recibidas de Pedro Luis N.A. y Jesús M.B..
La Fiscalía y la acusación particular recogen en sus escritos que Pedro Luis N.A. que era amigo del concejal, pidió a Jesús M.B. que buscase a personas que "pudiesen ejecutar el plan" al sospechar que su esposa mantenía una relación extramatrimonial con Ardines.
Según las acusaciones, Djillali B. acordó con Maamar K. el reparto del dinero que Jesús M.B. le entregó una vez asesinado el concejal "en concepto del trabajo realizado".
El crimen de Ardines exigió una compleja investigación que dio lugar a varias detenciones seis meses después del asesinato.
El 19 de febrero de 2019 fue detenido en su vivienda de Amorebieta (Vizcaya) el presunto inductor, así como al intermediario y a uno de los dos acusados de ejecutar el crimen, mientras que el otro supuesto sicario tuvo que ser extraditado posteriormente de Suiza, donde estaba cumpliendo condena por unos hechos delictivos posteriores.
