El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ya ha finalizado el estudio de los teléfonos móviles de Vanesa M. P. y Cristian L. V., detenidos por el asesinato de su hija de 2 años en el zaragozano barrio del Picarral, y la conclusión a la que han llegado es que la pequeña Laia sufría «malos tratos físicos y psíquicos continuados en el tiempo con la anuencia y beneplácito de ambos investigados».

Los investigadores han examinado 176 gigas de datos entre los que destacan conversaciones de texto y de audio enviadas por Whatsapp e incluso imágenes de la niña en la que aparecía golpeada y hablaban de los diferentes castigos que infligían a la menor. Todo ello lo han unificado en un informe remitido al Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza.

Según pudo saber EL PERIÓDICO, en el día en el que la menor fallece, en enero de este año, se observan una serie de conversaciones en las que, a juicio de la Policía Nacional, «quedan patentes situaciones de reproches y desconfianza mutua entre Cristian y Vanesa». En el chat entre ambos, el joven envía a la madre de Laia una foto, en la que se observa a la niña con un rostro triste y de miedo en el que se atisban varios moratones, y que va unida con un mensaje en el que le dice: «Que no le he dado» y ella le contesta que le envíe otra foto de más calidad. En ese momento, el padrastro de la pequeña le contesta que va a llevar a la menor a los servicios médicos y «que sea lo que tenga que ser».

Pero esta situación no fue una cuestión de un día. Los agentes pudieron recuperar decenas de fotografías en las que se ve la niña con múltiples lesiones en el cuerpo y hacen constar los castigos a lo que la sometían.

Uno de ellos lo destaca Homicidios por lo cruel de la escena porque se ve a Laia colgada por la zona superior de una prenda de vestir en un clavo a la pared. Los policías analizan su cara y destacan que «su rostro infiere sin género de dudas una situación de horror o pánico» por la situación que vive en ese instante.

Esta foto forma parte de una conversación en la que Cristian L. V. le espeta a Vanesa M. P.: «castigada por llorar», a la vez que añade que «ahí no se le hace daño», siendo respondido por la madre de Laia con unas risas. «Cuando se porte mal la colgaré», reiteró, siendo contestado con un «Ok». No obstante, ella le pregunta por la forma de cómo la ha puesto ahí y él le dice que «le ha bajado la cremallera y la ha puesto de la capucha».

Chats intervenidos por la Policía

En otros chats entre ambos los investigadores pueden leer que Vanesa expone haber castigado a Laia metiéndola en el armario o haberle dado pimienta, lo que le había provocado vómitos. En algunos audios los agentes escucharon como de fondo se oían gritos de menores sin identificar, puesto que la pareja estaba al cargo de cuatro, en los que se puede escuchar expresiones como: «Que te calles, que te calles y te pongas contra la pared, que te doy. Las manos para atrás» o «para, que le estás haciendo daño» mientras se oyen lloros y lamentos de un niño o niña.

Destacan los investigadores cómo la madre de Laia le reprime conductas como el haberse orinado, llegándole a amenazar diciéndole: «Verás cuando llegue Cristian».

Pero Homicidios también ha podido comprobar una discusión entre la pareja en la que la joven le acusa a su novio de pegarle al niño y dejarle marcas. Le llega a amenazar con denunciarle a la Policía Nacional. De hecho, le recuerda que le denunció una vez por malos tratos y que «le rompió el labio estando embarazada».

El informe de autopsia de Laia destacó que sufrió una muerte «lenta y agónica» debido a un shock por una peritonitis que se produjo por uno de esos golpes. ello añaden un edema craneal. De esta forma, la autopsia revelaría el maltrato físico al que fue sometida la menor no solo aquella tarde-noche del 21 de enero, sino en días anteriores. Pero no es el único vestigio que los forenses hallaron, puesto que detectan la presencia de un medicamento antidepresivo y otro hipnótico, así como de cocaína y cannabis.

A Vanesa M. P. le retiraron la custodia de sus hijas, si bien un juzgado de Gerona acordó devolvérselas tras unos informes de servicios sociales.