Durante más de dos horas estuvieron Mohamed M. y Khalal N. encaramados en el tejado del número 67 de la calle de Pignatelli desde donde lanzaron tejas, piedras, palos y hasta gatos hidráulicos poniendo en grave peligro a viandantes (se cortaron calles y se desalojaron edificios) y a los propios policías nacionales que acudieron para intentar poner fin estos desórdenes públicos aquel 29 de noviembre del año pasado. Estos dos y un vecino suyo, Ilyas M., que se unió a la anarquía que imperaba en ese momento en el edificio se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Achacaron su comportamiento al consumo de drogas para intentar justificar unos hechos por los que afrontan 24 años de cárcel.

Al delito de desórdenes públicos y atentado, la Fiscalía también acusa por la agresión con arma blanca que sufrió otro vecino minutos antes de protagonizar este grave incidente que hizo activar al Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional. De hecho, tras ella se parapetaron en el interior de este edificio okupa situado en El Gancho.

Cuando llegaron los agentes, requeridos por la sala del 091, estos vieron a dos de los acusados subidos donde empezaron a increparles. «No he visto tantas piedras en la calle en mi vida», explicó uno de los policías nacionales, quienes señalaron que en un primer momento decidieron subir al piso para intentar detenerles, pero que el fuerte olor a gas hizo que bajaran y llamaran a los Bomberos de Zaragoza.

Por si fuera poco el peligro al que se enfrentaron los agentes, uno de los miembros de los Goes señaló que «gracias al escudo» no le clavó en el pecho un destornillador uno de ellos, Ilyas M. Fue cuando los antidisturbios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón fueron a entrar por la fuerza en el interior de la vivienda. En ese momento, según aseveró, de forma sorpresiva se abrió la puerta y este joven se abalanzó sobre él y le atacó. Los procesados por su parte insistieron en varias ocasiones que estaban «drogados» y «borrachos», por lo que no fueron conocedores en realidad de lo que estaban haciendo». De hecho, uno de ellos llegó a pedir perdón, si bien no hubo reconocimiento de hechos porque rechazaron un acuerdo que la Fiscalía había negociado con sus abogados, Javier Elía y Alexis Guajardo.

Además de la condena privativa de libertad, el ministerio público solicita la expulsión del país por estar en situación irregular en España.