En el banquillo se sentaban tres personas: una mujer de 49 años, otra de 35 y un joven de 25 años. Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, los tres regentaban dos burdeles ilegales instalados en dos pisos de Cartagena

La mujer más mayor se encargaba de reclutar a las chicas, incluso de pagarles el viaje desde sus países de origen, la mayoría de ellos ubicados en Sudamérica. Se aprovechaban de la vulnerabilidad y precariedad económica de estas personas y las hacían llegar a España como si fuesen turistas, aunque luego acababan como trabajadoras del sexo. 

En los burdeles ilegales que tenían en la ciudad portuaria también se vendía cocaína: si un cliente la pedía, los regentes del local se la daban, por 60 euros el gramo. 30 euros, medio gramo.

En enero de hace ahora dos años, agentes de la Policía Nacional, ya tras la pista de esta gente, hicieron una entrada y registro en los dos pisos y encontraron cocaína de gran pureza, pastillas para la disfunción eréctil (también se las suministraban a los clientes que las requerían, aunque la venta de este fármaco en concreto no está autorizada en España), dinero en metálico y libretas con las anotaciones de los servicios que prestaban las mujeres. También se requisaron entonces ordenadores y teléfonos móviles.

El medicamento en cuestión no autorizado en este país lo que hacía era aumentar el flujo sanguíneo hacia el pene durante la estimulación sexual. Su comercialización es clandestina, aunque en este proceso judicial no se ha esclarecido cómo lo habían conseguido estas personas en la ciudad portuaria. 

El procedimiento se saldó con una conformidad. Fue la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, el tribunal encargado de dictar sentencia, tras admitir los encausados la culpa. La mujer de 49 años fue condenada, por favorecer la inmigración clandestina, a 1.080 euros de multa. Por un delito contra la salud pública, a un año y medio de prisión y 76 euros de multa; por traficar con los medicamentos prohibidos, a otro año y medio de prisión.  

El joven de 25 años fue condenado, por un delito contra la salud pública, a un año y seis meses entre rejas, y a medio año de cárcel más por traficar con los fármacos. La mujer de 35 años, por un delito contra la salud pública, a un año y seis meses de prisión, y la misma pena por el comercio ilícito de los medicamentos. 

Ninguno de los condenados pisará la cárcel: se suspende la pena privativa de libertad a cambio de que no delincan en los próximos tres años.

En el procedimiento también se acusó a una cuarta persona, un joven de 35 años de edad que se encargaba de recoger en el aeródromo de Barajas a las mujeres que llegaban en avión desde América Latina y las trasladaba en coche hasta los pisos donde ejercían el trabajo sexual. A él le ha caído una multa de 540 euros.