Dos funcionarias de Zaragoza aceptan tres años de cárcel por revelar secretos en un proceso de guardia y custodia

Dos funcionarias de Zaragoza, una enfermera y la otra empleada en la Tesorería de la Seguridad Social, madre e hija, han reconocido esta mañana ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que, aprovechándose de sus puestos de trabajo, accedieron a datos secretos de la expareja de su hija y hermana, dentro de un procedimiento de familia por la guardia y custodia de una menor.

C. C. A. y M. A. U. eluden la cárcel al aceptar el acuerdo alcanzado entre sus abogados defensores, Esteban Torrijo y Cristina Piazuelo, y las acusaciones, ejercidas por la fiscalía y la letrada María José Romero. A la primera se le impone una pena de un año de cárcel, seis años de inhabilitación absoluta y una multa de 12 meses a razón de cuatro euros diarios. A la segunda, dos años de cárcel, seis de inhabilitación y la misma multa.

A ambas se les aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño tras haber abonado la indemnización solicitada por el perjudicado. Al mismo tiempo, se les aplicará la suspensión condicional de la condena por no rebasar los dos años de cárcel y se informará favorablemente para que reciban el indulto, según los términos del pacto logrado por las partes.

Reducción de la condena

Según la acusación, ambas imputadas utilizaron los ordenadores del trabajo y las facilidades que les daban sus respectivos puestos laborales para visualizar programas de entes administrativos, como la Seguridad Social, para obtener datos sobre ingresos y cotizaciones del perjudicado y de su entorno familiar. Todo ello en un contexto de un largo procedimiento civil de familia para el establecimiento de medidas respecto de la niña que había tenido la pareja años antes de romper las relaciones.

La abogada de la acusación particular, María José Romero, ha explicado que el acuerdo no solo supone el reconocimiento de la autoría del delito imputado, sino que evita la celebración de un largo juicio. Además, las acusadas han visto reducida considerablemente la pena, dado que inicialmente las acusaciones solicitaban dos años y medio y cuatro años de cárcel, respectivamente, para hija y la madre.