Juzgan a la exsecretaria de un ayuntamiento de Zaragoza por supuesta revelación de secretos de un exalcalde

Sonia L. L., exsecretaria e interventora de Biel y El Frago, en la provincia de Zaragoza, y su esposo, Agustín S. P., han comparecido este miércoles en la Audiencia de Zaragoza acusados de introducirse por vía informática en los expedientes municipales, una vez cesada ella en su cargo, con el fin de obtener información del exalcalde, un concejal y un técnico del consistorio de El Frago y utilizarla posteriormente para distintos fines, entre ellos la interposición de una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión.

Se les imputan sendos delitos de revelación de secretos por los que las acusaciones (la fiscalía y los abogados María Jesús Sariñena y José Luis Valero) piden dos y cuatro años de cárcel, respectivamente.

Sin embargo, Sonia L. L., que asume su propia defensa al ser letrada, niega las imputaciones y subraya que se había ceñido en todo momento a la legalidad. Desmiente con rotundidad que hubiera facilitado a su marido claves secretas de los programas informáticos del consistorio.

Agustín S. P., por su parte, subraya que en las alegaciones que presentó respecto a acuerdos municipales no se basó en datos obtenidos de forma irregular, sino en documentos públicos, como el Boletín de la Provincia de Zaragoza y el tablón de anuncios, y en conversaciones con los vecinos. Niega también haber amenazado a concejales y miembros del personal de El Frago. Además, explica que solo empleó plataformas públicas para sus averiguaciones sobre la marcha de los asuntos municipales.

Escrupuloso control

Agustín S. P., que manifiesta tener conocimientos de cuestiones económicas y preocuparse por el cumplimiento estricto de los protocolos de la función pública, afirma asimismo que en una ocasión denunció que su mujer no había publicado determinados acuerdos del consistorio.

«No pondré ninguna demanda cuando lo hagan todo bien», ha afirmado el acusado, que al inicio del juicio ha renunciado a su abogada, una decisión que no ha impedido la celebración de la vista oral pues el tribunal ha considerado que es una maniobra dilatoria y un caso de fraude procesal.