Más de dos toneladas y media de metanfetamina confiscadas en 2019 en un almacén del puerto de Rotterdam (Países Bajos) y 17.000 litros de precursores detectados poco después en otra nave industrial en Utrecht han sido la clave para desmantelar no solo el negocio europeo de introducción de meta y cocaína de un cártel mejicano heredero del temido clan de los Beltrán Leyva, sino también para desmontar el entramado financiero puesto en marcha por un empresario valenciano para lavar los beneficios millonarios obtenidos con la droga.

La operación, llevada a cabo conjuntamente por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha permitido la detención de 16 presuntos implicados en la trama —entre ellos, el empresario valenciano— y el decomiso de 1.537 kilos de cocaína enviados al Puerto de Barcelona en dos cargamentos distintos, así como el bloqueo de nueve cuentas bancarias, la intervención de ocho vehículos de alta gama y la enajenación de tres lujosos inmuebles radicados en Países Bajos.

Se trata de la bautizada como Operación Éboli-Bacterio, que dio comienzo precisamente después de que las autoridades neerlandesas descubrieran los 2.537 kilos de metanfetamina en Rotterdam y los 17.000 litros de precursores en Utrecht, y averiguasen que ambos envíos procedían de Barcelona, desde donde habían sido facturadas por una firma local.

A partir de ahí, se involucraron la Policía Nacional y la Guardia Civil, que pronto averiguaron que detrás de esa mercantil se encontraba el representante para Europa de uno de los grupos del antiguo cártel de los Beltrán Leyva que continúa activo. Utilizando como pantalla una firma de Sant Boí de Llobregat (Barcelona) supuestamente dedicada a la importación de bloques de hormigón térmico celular producido en Méjico, la organización introducía grandes cantidades de droga a través del puerto de la Ciudad Condal.

Invisible a los escáneres

La droga llegó perfectamente oculta en un tercio de los bloques de hormigón que formaban el envío, en cuyo centro habían creado huecos para ocultar las pastillas de cocaína. El método habría sido infalible —de hecho, lo fue para los cargamentos anteriores— porque la composición de ese tipo de hormigón, muy liviano porque lleva un componente que le produce millones de burbujas de aire en su interior, lo convierte en invisible al escáner con el que Aduanas suele detectar las diferentes densidades de los envíos que hacer presagiar que una mercancía concreta lleva cocaína escondida dentro.

Pero, para entonces, ya habían descubierto que el responsable de la empresa de Sant Boí, con doble nacionalidad mejicana y española, era el importador de los bloques, que se almacenaban por toneladas en dos naves alquiladas en Barcelona y Talavera de la Reina (Toledo) a nombre de los encargados del blanqueo, dado que en España aún es incipiente el uso de este tipo de material de construcción, por lo que no tenían compradores para simular una auténtica actividad industrial.

Con toda la información reunida, los agentes se emplearon a fondo para desmantelar la última trama del negocio: el lavado de las ingentes cantidades de beneficios obtenidos con el narcotráfico.

Así, identificaron al empresario valenciano y a otro más en Talavera. En ambos casos, prestaban cuentas bancarias del complejo entramado financiero y mercantil para canalizar sumas astronómicas de dinero que llegaba desde Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, camufladas como parte del negocio del hormigón, y que después transferían en una cascada de piruetas bancarias a las cuentas de los narcos del cártel mejicano.