El asesinato de Jordi, el niño de once años acuchillado por su padre en Sueca (Valencia) el pasado domingo, en un claro caso de violencia vicaria después de que José Antonio A. C., condenado por malos tratos, hubiera amenazado previamente a la madre con "darle donde más le doliera", pone en tela de juicio los actuales protocolos y la falta de comunicación entre los juzgados de familia y los de violencia contra la mujer. Para "analizar y evaluar qué es lo que ha pasado y por qué a pesar de que la víctima denunció no hemos sido capaces de detectar al monstruo y anticipar el riesgo que corría esa mujer y sobre todo el menor", la consellera de Justicia Gabriela Bravo mantendrá este miércoles una reunión con los operadores jurídicos, policiales y asistenciales en materia de violencia de género con el objetivo de plantear e instaurar nuevos protocolos y sistemas de alerta que faciliten la comunicación e interconexión entre la jurisdicción penal y civil.

En dicha reunión convocada por la conselleria de Justicia estarán presentes tanto representantes de la judicatura, jueces y fiscales tanto de penal como de civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, responsables de las oficinas de atención a las víctimas y del Instituto de Medicina Legal, cuyo papel en las Unidades de Valoración Forense Integral resulta fundamental para analizar tanto el riesgo de la víctima como de los menores, analizando también al propio agresor, recurso que según distintas fuentes consultadas por este periódico se utiliza en contadas ocasiones.

"Aquí han fallado muchas cosas", reconoció Bravo a la vez que pedía "hacer autocrítica todos porque no podemos consentir que esto siga sucediendo, las administraciones y los poderes públicos tenemos la obligación de poner en marcha todos los recursos para mejorar el sistema". Eso sí, sin perder de vista que "hay un único culpable, el maltratador y presunto asesino, no lo olvidemos", puntualizó.

Como ya explicó Levante-EMV, en este caso en concreto se produjo una falta de comunicación entre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción cinco de Sueca, con competencia en Familia y que llevaba la demanda de divorcio, y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Sueca, encargado de violencia contra la mujer. Este último condenó el pasado 12 de agosto por maltrato al presunto infanticida a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y ocho meses de alejamiento respecto de su víctima tras un juicio rápido.

No obstante, debido a esta desconexión y a que ninguna de las partes comunicó que había un procedimiento civil abierto en uno de los casos y una sentencia firme en el otro, en septiembre "ambos cónyuges ratificaron el convenio regulador presentado en julio que establecía la custodia compartida".

"Las víctimas de violencia están en una situación de vulnerabilidad y dependencia por la que no se les puede pedir ninguna responsabilidad", remarca la letrada Raquel Marco, diputada de la Junta de Gobierno del ICAV especialista en violencia de género, sobre el hecho de que la madre no le hubiera comunicado nada a la letrada que le llevaba la demanda de divorcio sobre la condena previa de maltrato, por la que el juzgado de civil debía de haberse inhibido en favor del especializado en violencia sobre la mujer. "Los abogados estamos cansados de oír en el juzgado a las víctimas pedir que no se le prohíba al maltratador ver al niño porque según ellas, ‘es un buen padre’", explica la abogada remarcando el riesgo que ello implica.

Para evitar casos como el ocurrido en Sueca, la especialista en violencia aboga por mejorar el sistema informático "teniendo acceso los jueces de familia a las ordenes de alejamiento y a los procedimientos de violencia de género y antes de dictar cualquier resolución de familia hicieran un simple ‘click’ para comprobarlo". De hecho, en caso de que haya un procedimiento de violencia machista está prohibida la custodia compartida.

En este mismo sentido, la consellera Gabriela Bravo indicó que habría que establecer un protocolo para que todos los jueces de familia tengan esa capacidad para poder acceder, "y eso es tan fácil como generarles el usuario por parte del Ministerio de Justicia", además incorporar un sistema de alertas.

Asimismo, la consellera se mostró muy crítica con los juicios rápidos en materia de violencia contra la mujer, al argumentar que no son los procedimientos más adecuados para poder analizar en profundidad el trasfondo y el riesgo latente. "Esa mujer entró a las nueve de la mañana y salió a las 14.00 horas con una sentencia con una pena mínima en base a unos hechos probados y ocho meses de alejamiento que acababan este mismo mes".

"Tenía miedo de enfadar al monstruo, jamás pensó que podía hacerle daño al niño"

Hacer recaer la responsabilidad de no haber comunicado la condena por malos tratos en las partes, en concreto en la víctima, como así se insinuaba en el comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana –"ninguno de los cónyuges informa al juzgado de Familia de la existencia de un procedimiento penal por malo tratos"– es a todas luces injusto. Así lo explica la letrada que representaba a la madre en esta demanda de divorcio, y quien también desconocía dicha información porque su cliente no se lo había comunicado.


La letrada Reyes Albero argumenta que la situación en la que viven las víctimas no les permite transmitir información que podría ayudarlas ni siquiera a su familia, o como en este caso a sus abogados, "porque están dominadas por el pánico pensando que puede ser contraproducente o enfadar más a sus maltratadores".


"Tenía miedo de enfadar al monstruo, creía que con eso se había calmado", explica la abogada de la madre, totalmente rota y "muerta en vida" por el dolor que le ha causado su expareja asesinando lo que ella más quería, el hijo de once años que tenían en común. La mujer creía que su marido podía volver a agredirla a ella, pero "jamás pensó que podía hacerle daño al niño", sostiene Reyes Albero.


De ahí que después de los insistentes mensajes de su expareja y presunto asesino, en los que éste le exigía ver al niño, ésta accediera a dejárselo unas horas con motivo de su reciente cumpleaños.


Más de una decena de mensajes le mandó su maltratador, quebrantando así la orden que le prohibía comunicarse con ella, en una mañana. Todos ellos muy similares: "Tráeme a mi hijo", "quiero ver a mi hijo"...


La letrada pide que se establezcan sistemas de alarma y medios técnicos para que tanto los jueces como los propios abogados puedan acceder a toda la información penal en un procedimiento de divorcio. Además, que se establezcan pautas comunes a todos los partidos judiciales ya que actualmente está a criterio del juez o fiscal. En el caso del juez de Instancia e Instrucción Cuatro de Sueca, encargado precisamente de violencia contra la mujer, éste siempre exige los antecedentes penales antes de un procedimiento de separación.