El juez del Caso Gali pide datos al frente Saharaui en España del viaje de su líder

El juez de Zaragoza encargado de la investigación del caso Gali solicitará a la Delegación Saharaui en España que informe sobre el viaje que realizó su líder al país en abril del año pasado para ser tratado de una covid agravada y las relaciones previas mantenidas con las autoridades españolas.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza que investiga la presunta entrada ilegal de Brahim Gali a través de la base aérea de la capital aragonesa pide a los representantes del Frente Polisario que comuniquen si tuvieron conocimiento previo del viaje.

También solicita que informen de las razones por las que se eligió el Hospital de Logroño para que recibiera atención médica su líder, y sobre las personas de la Delegación Saharaui que le acompañaron en el momento de su ingreso. El magistrado reclama información, asimismo, sobre la forma en la que se gestionó la llegada a España de Gali y las autoridades españolas con las que se contactó para facilitar su entrada en el país.

Pide también que detallen si tenían conocimiento de que Gali tenía alguna causa penal abierta en España, y en caso de que fuera así, si informaron a las autoridades españolas de su situación legal. Y solicita, por otra parte, que informen desde la Delegación Saharaui del domicilio actual en España del hijo de Gali, Luali Brahim.

Sobreseimiento de González Laya

Esta providencia coincide en el tiempo con la decisión de la Audiencia de Zaragoza de sobreseer el caso en relación a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y liberarla de su presunta responsabilidad penal como investigada.

En su auto, al que también tuvo acceso Efe, el tribunal zaragozano rechazaba así el recurso interpuesto por la acusación particular contra el sobreseimiento del caso en relación al exjefe de Gabinete de Laya, Camilo Villarino, y estimaba el de la fiscalía y de la Abogacía del Estado a favor de extender la medida acordada a la exministra.

En su escrito, los magistrados admiten que la entrada en el país del líder polisario pudo ser intencionada, pero añaden a renglón seguido que en cualquier caso "se trataría de un acto político o de gobierno, y que como tal sería inobjetable en esta jurisdicción".