Torres, el criminal que no aceptaba un ‘no’ de sus compañeros y amigos

Vicente Torres Roig, de 59 años, dejó claro en su ficha delincuencial que no aceptaba un no por respuesta. La convivencia no era lo suyo para este ibicenco sin familia que vivió en Alicante en la indigencia y acabó en Zaragoza. En la capital aragonesa cometió un crimen en 2016 que le llevó a la cárcel de Zuera, donde cumple una condena de 20 años. No es la primera vez que pisa un centro penitenciario, sino que ya estuvo en uno por intentar matar al compañero con el que compartía colchón debajo del puente en el que dormían ambos. Una patrulla policial que estaba en la zona evitó su primer crimen.

Su primera víctima se llamaba Carlos. Solía pernoctar en el albergue municipal pero, casualmente, ese día, un 7 de septiembre de 2005, se encontraba en el puente existente en la entrada del barrio de San Agustín de Alicante. Allí se produjo una discusión entre ambos que, en un primer momento, se quedó en palabras.

Tal y como reconoció el propio Vicente Torres Roig, se alejó nervioso del puente, mientras que su compañero se quedó dormido. Minutos más tarde decidió regresar con una azada de grandes dimensiones con la que golpeó reiteradamente y con ensañamiento a su víctima. Como consecuencia de ello, Carlos Sansaloni sufrió diversas heridas de gravedad en la cara, que le provocaron la pérdida de un ojo, fracturas en la cabeza y la rotura de la mandíbula, de los huesos nasales y de otras partes del rostro. Quedó totalmente desfigurado y tuvo que someterse a varias operaciones, aunque se quedó sordo y tuerto. Por todo ello fue condenado a 9 años de prisión. Antes de este suceso, Vicente Torres Roig contaba con nueve detenciones anteriores como autor de delitos como amenazas, resistencia, desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad.

Salió de la cárcel y acabó en Zaragoza, donde dejó de vivir en la indigencia, pero sus recursos económicos no le permitían independizarse, teniendo que alquilarse una habitación en una vivienda del número 26 de la calle Domingo Ram, en una adyacente de la popular Delicias. Allí su víctima fue otro de los residentes de la pensión, Reinaldo Lázaro, de 60 años.

El asesino reconoció que la manipulación del cableado de la antena de la televisión por parte de la víctima derivó en un enfrentamiento porque él ya no podía ver su programa favorito

Este asesinato se produjo por la tarde en el salón de la vivienda. Torres Roig reconoció que la manipulación del cableado de la antena de la televisión por parte de la víctima derivó en un enfrentamiento porque el encausado no podía ver su programa favorito. Ante ello, molesto, salió de su cuarto y se dirigió hacia Reinaldo, mientras le decía: «Hijo de perra». La víctima respondió dándole un manotazo en la cara y, acto seguido, Torres Roig sacó un cuchillo doméstico, con el que le abordó sorpresivamente, y le asestó ocho puñaladas –cinco en el estómago, dos en corazón y una en el hígado–. Lo hizo con la mano derecha, mientras con la izquierda lo sujetaba fuertemente del cuello para impedir que se moviera.

Unas lesiones que produjeron en la víctima un shock hemorrágico con parada cardiaca y su fallecimiento inmediato, sin que tuviera oportunidad de defenderse. Casualmente, momentos después de que ocurriera el crimen, entraron en la vivienda la arrendataria acompañada por otra persona que salieron a la calle para pedir auxilio y vieron salir al acusado diciendo, voz en grito: «Se acabó el problema».

Torres Roig no se fue muy lejos, ya que fue detenido a las pocas horas sentado en un banco próximo con la ropa llena de sangre. Sí intentó deshacerse del arma homicida –que había cogido esa mañana de la cocina y se lo había llevado al dormitorio para guardarlo–, aunque el Cuerpo Nacional de Policía logró encontrarlo en el vertedero municipal

Prueba de ADN

Las investigaciones realizadas por el Grupo de Homicidios confirmaron que era el cuchillo empleado porque las muestras de sangre y de ADN determinaron que correspondía al mismo perfil genético que el de la víctima y porque el arma empleada apareció entre los restos de basura procedentes de la zona en la que se produjo el crimen.

Una forma de actuar que los psicólogos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) relacionaron con una cualidad que le distingue: socializar en un mundo violento que le permite sobrevivir. Esto no significa, según el análisis, que no tenga capacidad de distinguir los hechos que comete y las consecuencias de los mismos.

No obstante, sí observaron en Vicente Torres un trastorno inicialmente de conducta y posteriormente de personalidad, al que hay que sumar «un analfabetismo por falta de formación y una escasísima inserción social».

Una valoración psicológica que coincide con la declaración que este hombre de 51 años y natural de San José de Talaia (Islas Baleares) ofreció ante el juzgado, tras su arresto. En ese momento, asistido por su abogado Enrique Puértolas, admitió ser el autor del brutal asesinato, si bien justificó que fue en legítima defensa. Al parecer, tuvo miedo a su colega de apartamento, llegando incluso a instalarse un cerrojo en su cuarto para evitar que entrara. Debía de pensar que le iba a robar o hacerle algo, pero acabó siendo él el autor de nada menos que un asesinato. Si en el caso en el que casi mata a golpes al hombre con el que compartía puente para dormir admitió los hechos, en el asesinato ocurrido en la calle Domingo Ram también lo confesó. El homicida no hizo ni una sola objeción al relato de hechos del escrito de acusación de la Fiscalía, asumiendo que no fue un simple homicidio sino una muerte con alevosía. Porque el encausado asestó las cuchilladas a su compañero cuando lo tenía inmovilizado contra un armario empotrado del pasillo, sin ninguna posibilidad de defensa.

Por todo ello, el magistrado-presidente del tribunal de jurado, Mauricio Murillo, decidió imponer una pena de 20 años de cárcel, la misma que proponía el ministerio público que decidió rebajarla de los 23 iniciales. A través de su sentencia, este juez explicó que este es el castigo mínimo que el Código Penal prevé para casos como este, en los que al delito de asesinato se suma la agravante de reincidencia por el asunto alicantino.