El magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza ya conoce el paradero de Ignacio Magaña, el concejal expulsado del grupo municipal del PSOE de la capital aragonesa tras ser denunciado por su esposa por violencia machista. Está en casa de su madre, si bien su defensa ha vuelto a solicitar que se posponga la citación judicial para que declare. Acaba de alegar razones de salud para retrasar ese momento, lo que podría hacer que el instructor de la causa acabe solicitando, tal y como suele ocurrir en estas circunstancias, que sean los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) los que determinen su cuadro clínico y validen o no la llamada del juez para que ofrezca su versión de los hechos. Él los negó de manera «contundente».

El 13 de diciembre es el límite que había marcado el juez, pero la súplica del abogado de Magaña al magistrado, fechada el pasado viernes, es que «se acuerde la suspensión de la declaración hasta que cese la prescripción facultativa de reposo domiciliario prescrita por el médico de cabecera del mismo». En ese documento, el letrado Carlos Fuertes insiste en que el edil sí fue intervenido el día 22 de noviembre de su dolencia y que tiene una cicatriz que lo atestigua.

Un movimiento que se produce, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, después de que el juzgado recibiera una comunicación del hospital universitario Miguel Servet de Zaragoza en la que se señalaba que «según consta en la base de datos» del principal centro sanitario de la comunidad «solamente tuvo una atención de urgencias el pasado 27 de noviembre con alta a domicilio en el mismo día». Una información que se contradecía con la que hasta ese momento se había recibido en el juzgado y en la que se destacaba su dolencia cardíaca y su imposibilidad de comparecer ante el magistrado, incluso que se había sometido a una intervención quirúrgica.

El informe del Servet lo reclamó el juzgado a través de un oficio de urgente cumplimiento a fin de tener el informe del estado de salud de Magaña, así como la petición de saber el tiempo que iba a estar ingresado allí para, posteriormente, oírle en declaración.

El hospital no tenía constancia

La sorpresa fue cuando desde el hospital se informó que no estaba allí y que desde el día 27 no sabían nada él. Ese día había entrado en Urgencias y ese día salió. La situación generó que la Fiscalía llegara a instar al juzgado que este pidiera al abogado el actual domicilio y de no hacerlo que se acordara una orden de busca y captura.

Pero ahí no quedó la solicitud del ministerio público a la defensa, sino que pidió que diera una explicación y una justificación «por lo que se ha hecho creer al juzgado de violencia su imposibilidad de comparecer debido a su ingreso hospitalario, hasta el punto que se hizo constar que se encontraba ingresado desde el pasado 13 de noviembre en el Miguel Servet, donde iba a ser sometido a una intervención quirúrgica el 22». De hecho, el ministerio fiscal comparó esa situación con la comunicación del Servet en la que se hablaba de solo el día 27 que le llevó a calificar todo de «falso».

Este domingo, este diario trató de contactar con Magaña para que aportara pruebas sobre su ingreso. Sin embargo, no respondió a las llamadas efectuadas. Sí lo hizo el sábado, cuando sí respondió, aunque brevemente, a las preguntas de este periódico.

La imposibilidad de declarar por su estado de salud se remonta al día de su arresto, momento en el que fue informado el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza. El 14 de noviembre recibieron una comunicación telefónica en la que se señalaba que Magaña no podía acudir a la cita para el juicio rápido. También recibió un parte fechado en el 13 de noviembre en el que se informaba de su baja laboral por enfermedad común (arritmia) que en el apartado de ingreso hospitalario estaba en blanco.

Orden de alejamiento

En estos momentos, sobre Ignacio Magaña existe una orden de alejamiento, después de que el sistema Viogén, realizado por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), diera como resultado que había riesgo «alto». Calificaron de «leve» la violencia psicológica sufrida por la esposa del concejal; de «muy grave» la física y concluyó que «en los últimos seis meses se registra un aumento en la escalada de las agresiones o amenazas». Añadieron en el documento el uso de arma blanca y que no ha habido sexo forzado ni existencia de amenazas ni planes dirigidos a causar daño a la víctima. Sobre las características del sospechoso, la UFAM resaltó, a partir del relato de la mujer, que en los últimos meses «ha mostrado unos celos exagerados, conductas de control, de acoso, producido daños materiales y agresión a animales», entre otras cuestiones.

Los hechos por los que Magaña fue detenido no tuvieron lugar el día del arresto sino anteriormente. Curiosamente, quien llamó a la sala del 091 a pedir ayuda fue él «porque su expareja no paraba de llamar al timbre de la vivienda». Cuando los agentes llegaron se encontraron a la mujer y a Magaña, quien les explicó que estaba en trámites de separación, que el domicilio es de los dos y que ella quería entrar pero que no le iba a dejar hasta que no estuviera la Policía presente. Fue ahí cuando ella contó que sufría malos tratos.