La responsabilidad del Estado en el crimen del depredador de La Rioja y el antecedente de Zaragoza

El Estado es el responsable, al menos civilmente subsidiario, del asesinato del pequeño Álex en la localidad riojana de Lardero a manos de Francisco Javier Almeida. Un crimen cometido cuando el presunto autor disfrutaba de la libertad condicional tres años antes de que cumpliese su condena por la agresión sexual y posterior asesinato de una agente inmobiliaria en Logroño en 1998. Un circunstancia que para la Audiencia Nacional es motivo suficiente como para que el Ministerio del Interior, responsable de Instituciones Penitenciarias, tenga que indemnizar a una víctima de un delito ocurrido cuando todavía tiene la condición de reo.

Así lo estableció en 2014 la Sección Quinta de la sala de lo Contencioso Administrativo de dicho tribunal en una sentencia en la que daba la razón al abogado zaragozano José Cabrejas, quien reclamó que el Estado indemnizara a la víctima de un tiroteo ocurrido en el barrio de Las Fuentes de la capital aragonesa y por el que fueron condenados José Luis y Antonio Ariza López a sendas penas de 12 y cinco años de cárcel. Ocurrió en 2010.

La Audiencia Nacional dio la razón al herido que pudo haber muerto, quien planteó desde el primer momento que la agresión podía haberse evitado. Su abogado aseveró que conceder el tercer grado a José Luis Ariza fue «precipitado», debido a que no había dado muestras de arrepentimiento con respecto a la víctima del homicidio por el que estaba internado. Cabrejas también apuntó que a Antonio, otro de los implicados, se le abrió un expediente por entrar en la celda de otro recluso para pegarle.

Una reclamación que fue solicitada a la Justicia aragonesa que la rechazó, si bien luego llegó la Audiencia Nacional la que acabó afirmando que el Estado es responsable civil de los delitos cometidos por los reclusos que estén con permisos carcelarios o en tercer grado.

El supuesto autor del asesinato del niño de 9 años en Lardero disfrutó de 39 permisos, entre 2013 y 2020, autorizados por el juez de vigilancia penitenciaria. En noviembre de 2019, cuando ya había cumplido las tres cuartas partes de la condena, se reunió la Junta de Tratamiento de la cárcel del Dueso, en Cantabria, y acordó, con división de opiniones, que continuara en el segundo grado (régimen ordinario). Almeida recurrió esta medida ante Prisiones y la administración le concedió el tercer grado, es decir, régimen abierto por su comportamiento. En abril de este año consiguió la libertad condicional sin que se opusieran ni la Fiscalía ni el juez.

Su historial

Francisco Javier Almeida López De Castro, abogado y violador reincidente, fue condenado a 30 años de cárcel por agredir sexualmente y asesinar a una mujer por el llamado ‘crimen de la inmobiliaria’. Ocurrió en 1998, acabó con su vida asestándole 17 puñaladas cuando la víctima le estaba enseñando un piso. Años antes, en 1993, fue castigado por un delito de agresión sexual a una menor a una pena de siete años de prisión. En 2021, presuntamente, ha matado al niño de 9 años que desapareció en el parque.

Pero podrían no ser los únicos crímenes. La jueza que investiga el homicidio de un niño de 9 años en Lardero (La Rioja) ha pedido cotejar las huellas del detenido con otra no identificada que se halló en la vivienda de una mujer víctima de otro crimen ocurrido en Logroño en 2020. El marido de esta mujer fue detenido como presunto autor de este crimen, pero, después, quedó en libertad, han añadido las mismas fuentes, que mantienen más líneas de investigación abiertas y se esperan pruebas de ADN confirmatorias de la autoría.

Los investigadores analizan posibles similitudes entre el crimen de esta mujer en 2020 y el de la joven agente inmobiliaria cometida por Almeida en 1998, por el que fue condenado a 20 años de prisión por asesinato y a otros 10 por agresión sexual.