Detenido un fugado de la Justicia por estafar más de 600.000 euros con su panificadora en Zaragoza

La Audiencia Provincial de Zaragoza condenó en 2020 a Francisco Javier Mendoza García a un año y seis meses de cárcel como coautor de un delito de insolvencia tras un fraude de 660.000 euros a la Seguridad Social; una estafa que perpetró a través de un entramado de empresas dedicadas a la elaboración, distribución y comercialización de pan. Aunque el Tribunal Supremo le acabó rebajando la pena a nueve meses de prisión, nada se sabía de Francisco Javier desde 2021 tras fugarse de la Justicia hasta que este pasado miércoles 12 de abril la Policía Nacional le detuvo en una vivienda de Vía Hispanidad, en la capital aragonesa.

Sobre él pesaban varias órdenes de detención e ingreso en prisión por delitos de estafa, apropiación indebida y delitos contra la Hacienda Pública, por lo que el Grupo de Judicial de la Comisaría de Delicias siguió su pista durante los dos últimos años. Aunque los agentes no han dejado de encontrarse trabas por parte de sus familiares a la hora de facilitarles algún dato sobre su posible paradero, establecieron un dispositivo de vigilancia en torno a sus allegados. Finalmente, le localizaron en dicho domicilio de Vía Hispanidad.

El detenido, de nacionalidad española, pasó a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, en funciones de guardia, quien decretó su inmediato ingresó en prisión tras valorar que cuenta con numerosos antecedentes por hechos de la misma naturaleza.

Cinco personas, juzgadas por un presunto fraude de 660.000 euros a la Seguridad Social

Durante el juicio celebrado en febrero de 2020, Francisco Javier declaró que él alquiló una panificadora en Cuarta de Huerva, incluida la maquinaria en dicha nave. El negocio requirió de una fuerte inversión en sus inicios, pero algo salió y mal derivó en una acumulación de deudas, embargos y la declaración del concurso de acreedores. Además, señaló que atendió a todo lo que solicitó la Seguridad Social.

A pesar de los intentos por demostrar su inocencia, el juez de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, le condenó a un año y seis meses de cárcel por un delito de insolvencia punible. Además, tuvo que hacer frente a una multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros, en total 2.160 euros.

Sin embargo, el Tribunal Supremo le rebajó la condena a nueves de prisión y le redujo la multa a la mitad. Según su abogada, Carmen Sánchez Herrero, se había producido una infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «por cuanto en la sentencia que se recurre y dados los hechos probados se ha infringido precepto penal de carácter sustantivo, al tiempo que ha existido un error en la apreciación de la prueba atendiendo a los documentos que obran en la causa».