Una contable de Zaragoza confiesa una estafa de 500.000 euros contra su empresa

Quien desempeña las funciones de contable en una empresa lo hace con total confianza por parte de los altos mandos de las entidades. Principalmente, por los datos confidenciales que se manejan en materia de números y, por ende, por la necesidad de cumplir con la obligación legal del secreto profesional. Pero algo de esto último no debió entender la contable de una empresa zaragozana de desinfecciones para completar casi 700 transferencias (689) a sus cuentas bancarias y a las de varios familiares por un importe total de 500.000 euros. Ayer, Cristina Caballero García reconoció los hechos ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptó una condena de dos años de cárcel como autora de un delito continuado de estafa agravada. También deberá devolver el importe defraudado a quien era su jefe.

Estos fueron los términos del acuerdo alcanzado ayer entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de Mariano Bonías Trebolle y las defensas ejercidas por Alba Vicente, Isabel García y Marina Verón. Junto a la ahora condenada también se sentaron en el banquillo de los acusados su exmarido, su madre y su hermana, aunque la citada conformidad incluyó la retirada de la acusación que pesaba sobre estos tres últimos. Alguno de ellos decidió personarse ayer en el juzgado provisto de mascarilla para ocultar su rostro.

Caballero García aprovechó su posición de contable para valerse de los datos bancarios de la empresa y, así, detraer dinero a sus propios bolsillos. En unas ocasiones, las transferencias iban dirigidas a cuentas cuya titularidad corría a su cargo y, en otras, a cuentas de las que era cotitular junto a familiares como su por entonces pareja, su madre y su hermana. Y, para no levantar sospechas, hacía constar que los insumos se destinaban a proveedores con los que la empresa mantenía una relación comercial.

Este fue el modus operandi que la administrativa siguió durante diez años y que le permitió hacerse con medio millón de euros hasta que el empresario se percató de sus movimientos y decidió incoar una denuncia contra ella ante el Cuerpo Nacional de Policía. Para entonces, la ahora condenada ya había completado casi 700 transferencias (689) a su favor por un valor de 500.000 euros que ahora deberá devolver como indemnización en concepto de responsabilidad civil. La sentencia, que fue dictada in voce por el presidente del tribunal provincial, el magistrado José Ruiz Ramo, es firme.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de cinco años de prisión y la acusación particular elevaba la pena privativa de libertad hasta los seis años. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital aragonesa.

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