Comarca Central
Denuncian al teniente de alcalde de Vox en María de Huerva (Zaragoza) por acoso laboral
Una trabajadora municipal asegura que ha tenido que cogerse una baja por ansiedad debido al "miedo"
El juzgado ha admitido a trámite la denuncia y la defensa cree que no hay "ninguna base legal" para que tenga recorrido
El consistorio ha decidido implementar un protocolo contra el acoso laboral

Imagen de archivo de una de las entradas a María de Huerva (Zaragoza). / EL PERIÓDICO

La polémica se ha instalado en los últimos días en el Ayuntamiento de María de Huerva tras la denuncia de una trabajadora municipal, por presunto acoso laboral, al actual teniente de alcalde, Jorge Sádaba, del grupo político Vox. Los hechos se remontan al cambio de corporación de hace un año, tras las elecciones municipales, cuando entraron a gobernar PP y Vox. Casi de inmediato, la denunciante, según relata su abogado, fue reubicada de su puesto en el registro general, que ocupaba desde 2008, a otro en servicios generales, por decisión de Sádaba. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la denuncia recoge que esta decisión llegó tras una serie de entrevistas que la nueva corporación mantuvo con los empleados, y en las que la denunciante reconoció que había tenido problemas con una compañera.
Así, la presunta víctima fue reubicada en otra oficina en la que, según narra su abogado, «tan solo había una mesa y una silla, sin ordenador ni internet». «Es el local donde se preparan las chocolatadas y se cambian los músicos durante las fiestas», añade el letrado. Una situación que la trabajadora municipal, que prefiere mantener el anonimato, «aguantó» durante un mes, «prácticamente sin hacer nada». Asimismo, el abogado de la denunciante alega que «solo podía comunicarse con el teniente de alcalde, con nadie más, y tampoco podía entrar ni salir nadie de ese local en las ocho horas de jornada», hasta el punto que, según el letrado, «su marido tenía que dejarle el bocadillo en la ventana».
«A las semanas tuvo una reunión con el teniente de alcalde, que le recriminó que hacía su trabajo mal, ante lo que ella se defendió y tuvieron una discusión», prosigue el letrado, que subraya que la denunciante «llegó a tenerle miedo (a Jorge Sádaba), por lo que se ha tenido que coger la baja por ansiedad».
Tras la denuncia, interpuesta en el mes de marzo, la Guardia Civil ha recabado información a través de las declaraciones del alcalde, Joaquín Calleja (PP) y de otros dos testigos, uno de ellos de la Policía Local de la localidad zaragozana. Según su declaración, el alcalde asegura que «nunca ha llegado a observar un trato degradante o vejatorio, ni lo habría tolerado», aunque sí admite que el concejal implicado «tiene un carácter fuerte» y que sus formas pueden ser «bruscas e inadecuadas».
La versión del teniente de alcalde
En cambio, la versión de Jorge Sádaba difiere en algunos puntos de la de la presunta víctima. Su letrado, Enrique Esteban Pendás, contextualiza a este diario que, según su defendido, «había problemas entre esta empleada y alguna de sus compañeras», hecho que reconoce la propia trabajadora afectada, motivo por el cual fue reubicada.
En su nuevo puesto, prosigue Esteban, la trabajadora municipal «no estaba a gusto, y pidió reincorporarse al anterior, y cuando se le niega empieza un chantaje para conseguirlo». «Nadie acredita todo lo que dice la denunciante», asegura Esteban Pendás, que considera que el caso «no tiene ninguna base legal». Sin embargo, la otra parte asegura que los testigos «verificaron que veían a mi cliente ansiosa y temerosa». De hecho, según ha podido saber este diario, uno de los testigos suscribió que veía a la presunta víctima «aislada» de sus compañeros, algo «excepcional».
El ayuntamiento implementará un protocolo
Sea como fuere, ahora el caso ya está en manos del juzgado, que ha admitido la denuncia a trámite y ha abierto diligencias, y en los próximos días deberá decidir si el proceso judicial sigue adelante o se archiva. Sádaba, eso sí, se acogió a su derecho a no declarar ante los agentes.
En declaraciones a este diario, el alcalde, Joaquín Calleja, sostiene que ahora «deberá ser la justicia quien dictamine y actúe». En cualquier caso, afirma que esta coyuntura «no va a alterar el funcionamiento del Gobierno», aunque espera que el caso se resuelva «lo antes posible» y pide la «máxima prudencia». Con todo, el alcalde sí anuncia que tiene previsto implementar un protocolo contra el acoso laboral en el consistorio.
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