La Fiscalía se querella contra la promotora de las obras de un parque eólico en la sierra de Albarracín

La Fiscalía ha presentado una querella contra la empresa promotora del parque eólico Santos de la Piedra en las localidades turolenses de Bronchales y Pozondón al considerar que ha incurrido en un delito contra los recursos naturales y el medioambiente por ejecutar las obras durante el periodo de apareamiento de la alondra ricoti, un ave esteparia en peligro de extinción cuya cría se concentra entre finales de febrero y principios de julio. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la querella presentada ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel solicita la inmediata paralización de las obras al alegar que el ruido y las vibraciones aparejadas al movimiento de las tierras incumplen las condiciones de ejecución de los trabajos.

Son los requisitos establecidos en la Declaración de Impacto Medioambiental para no alterar el apareamiento de los ejemplares en una de las zonas con mayor diversidad y mejor población de alondra ricotí. Se trata de una especie que, a nivel mundial, solo tiene presencia en la Península Ibérica y el norte de África, de ahí su declaración como especie en peligro de extinción por el Gobierno de Aragón. Durante el periodo de cría, por norma general, se contabilizan tres puestas.

El ministerio fiscal abrió diligencias tras la denuncia formulada el pasado mes de febrero por la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y esta misma semana ha presentado la querella al estar firmemente convencido de que la promotora ha incurrido en un delito contra los recursos naturales y el medioambiente. Todos los indicios los ha puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel.

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A día de hoy se ha finalizado prácticamente la cimentación de los ocho aerogeneradores con los que contará el parque eólico, concentrado en los términos municipales de Bronchales y Pozondón, si bien la línea de evacuación también afecta a Albarracín y Santa Eulalia. La obra corre a cargo de la entidad madrileña Cyopsa El Molino Energía Eólica SA, cuya actividad en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas es, precisamente, la producción de energía eléctrica de origen eólico. A la citada empresa la denunció la asociación al considerar que «las obras están destruyendo un hábitat prioritario para Europa». 

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