CGT recuerda que ya denunció irregularidades en el centro de Ateca en 2019

El sindicato CGT denuncia que ya comunicó el 19 de diciembre de 2019 al IASS diversas irregularidades que se estaban produciendo en el Centro UTE CAM de Ateca que gestiona la Fundación Salud y Comunidad, dependiente del IASS, tras denuncias de trabajadores a la formación sindical.

En aquel momento denunció deficiencias en la alimentación, vestimenta, control de las medicaciones y contratación de personal sin formación para realizar las tareas requeridas en el centro, según informa el sindicato.

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Dejación de funciones

CGT achaca lo ocurrido en Ateca a la externalización de los servicios a empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, y a la dejación de funciones del IASS en el control de lo que ocurre en estos centros.

El sindicato apunta que la comida era escasa, había personal sin carnet de manipulador de alimentos, ausencia de controles de calidad, menús insanos, o no se respetaban de las creencias religiosas de muchos menores.

También incide en irregularidades en el suministro de medicaciones (sin registro), la ropa (escasa, no adaptada a las diferentes temperaturas del año...), a las contenciones físicas (excesivas, abusivas, y realizadas por personal sin formación), y de condiciones laborales de los trabajadores, con horarios ilegales por excesivos, ausencia de formación para las tareas requeridas, exigencia de disponibilidad total y un ambiente de trabajo pésimo, condiciones laborales que generaban una renovación total del personal cada pocos meses.

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Para el sindicato estos problemas están generados por la "insistencia de la administración" en gestionar el sistema de protección y reforma del Gobierno de Aragón externalizando el servicio, lo que lleva a una precarización de los trabajadores y trabajadoras del sector (cobran entre un 50% y un 60% de lo que cobrarían siendo empleados públicos) y a una insuficiente supervisión por parte del IASS de lo que ocurre en estos centros.

"Un sector muy mal pagado"

Desde CGT recuerdan que para trabajar con este tipo de centros con menores se exige un grado superior de integrador social, o un grado universitario de educación secundaria social, y que tanto las empresas concesionarias como el IASS deben garantizar que todo el personal tiene esta formación.

Según el sindicato se trata de "un sector muy mal pagado, lo que dificulta encontrar personas con la formación necesaria dispuestas a trabajar por 1.300 euros en un trabajo tan exigente tanto física como emocionalmente".

Por ello insisten en la necesidad de regular el sector, tarea en la que tanto las empresas como el Gobierno de Aragón y el IASS tienen mucho que decir, ya que pueden apoyar la firma de unos convenios autonómicos, el de protección y reforma y el de ocio educativo, que dignifiquen las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras, en lugar de bloquear ambos convenios como están haciendo en la actualidad.