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SUCESOS EN ARAGÓN

La Audiencia de Zaragoza deniega la puesta en libertad a un educador del centro de menores de Ateca

El tribunal provincial desestima el recurso del trabajador al alegar que existen «indicios» de su participación en los abusos y las torturas denunciados

La Guardia Civil conduce a los detenidos a los juzgados de Calatayud, en agosto. | EFE | TONI GALÁN

La Guardia Civil conduce a los detenidos a los juzgados de Calatayud, en agosto. | EFE | TONI GALÁN

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Zaragoza

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado la puesta en libertad de un educador del centro de menores de Ateca al recurrir este último su estancia en el centro penitenciario de Zuera después de ser detenido el pasado 31 de julio por su presunta participación en los episodios de torturas y de abusos que han denunciado varios usuarios. Así lo ha decidido el tribunal provincial, que preside el magistrado José Ruiz Ramo, al validar los argumentos de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud para justificar su ingreso en prisión el pasado 2 de agosto. «La instructora tuvo en cuenta que, o bien participaba directamente en las acciones que describía, o bien permitía su realización subrayando sobre esto el papel de garante que le correspondía precisamente por su dedicación profesional en el centro», recoge el auto judicial.

Los magistrados consideran que, a pesar de que las diligencias se encuentran en «un momento incipiente», existen «indicios de la participación» en los hechos investigados por parte del apelante, representado por el abogado Marco Antonio Navarro, a quien se le imputan delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones, agresión sexual y pertenencia a organización criminal. «La instructora dispuso de lo declarado por dos menores y explicó en su auto que el recurrente llevó a cabo actuaciones consistentes en tratos degradantes físicos y psicológicos, su participación en unos determinados juegos», expone el auto.

Al citado recurso se opusieron el ministerio fiscal y el abogado de una de las víctimas, el letrado Jorge Piedrafita, que ejerce la acusación en nombre de la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive). «De esta forma se cumple nuestro primer objetivo de evitar riesgo para las víctimas y las pruebas del procedimiento, así como evitar sustracción a un proceso que debe enjuiciar hechos muy graves sobre menores extremadamente vulnerables y ante los que se pedirá la pena máxima», aseguró Piedrafita.

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