La Audiencia deniega también la libertad al director del centro de menores de Ateca

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado la puesta en libertad del director del centro de menores de Ateca. El encargado de este recurso permanece en la cárcel por su presunta participación en los episodios de tortura y abusos que han denunciado varios usuarios y sobre los que se está investigando. Según argumentan los magistrados, «la gravedad de las penas» a las que podría enfrentarse el investigado permiten «inferir como altamente probable que pueda sucumbir a la tentación de eludir la acción de la Justicia».

Es decir, lo que argumentan los jueces es el riesgo de huida del investigado, entendiendo como tal «desoír los llamados de comparecencia del Tribunal» y no necesariamente como escapar del país. Esta misma semana esta sala denegó la puesta en libertad de otro de los trabajadores del centro.

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Asimismo, los magistrados desestimaron otro de los motivos que alegó la defensa del director del centro, que se quejaba de que no se entendían correctamente «las palabras del Ministerio Fiscal cuando informó sobre la solicitud de la medida cautelar», si bien en el momento, explican los jueces, no hicieron ninguna observación al respecto.

«Del mismo modo que hemos hecho en otra resolución destinada a otro investigado en las mismas actuaciones [...], se van a ir acumulando denuncias interpuestas por menores ingresados en el centro por hechos en los que van a estar implicados en mayor o menor medida las personas investigadas», añadieron los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

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En el caso del trabajador al que también se le ha denegado su salida de prisión, los jueces señalaron que «la instructora tuvo en cuenta que, o bien participaba directamente en las acciones que describía, o bien permitía su realización subrayando sobre esto el papel de garante que le correspondía precisamente por su dedicación profesional en el centro», recogía el auto.

Los magistrados consideraron entonces que, a pesar de que las diligencias se encuentran en «un momento incipiente», existen «indicios de la participación» en los hechos investigados por parte del apelante, representado por el abogado Marco Antonio Navarro, a quien se le imputan delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones, agresión sexual y pertenencia a organización criminal. «La instructora dispuso de lo declarado por dos menores y explicó en su auto que el recurrente llevó a cabo actuaciones consistentes en tratos degradantes físicos y psicológicos, su participación en unos determinados juegos», exponía el auto.